Mandamás de la DINI queda detenido por pagos al exsecretario Bruno Pacheco

También se capturó a Henry Shimabukuro, quien era –hasta hace unos días– asesor en temas de inteligencia del presidente Pedro Castillo y uno de sus hombres de mayor confianza.

Ambos personajes –junto al exsubsecretario Beder Camacho– son señalados por la Fiscalía como parte del “brazo operativo y ejecutivo” de la organización criminal que encabezaría el jefe del Estado.

Asimismo, están implicados en entregas de dinero efectuadas al exsecretario palaciego, Bruno Pacheco, a cambio de su silencio.

“Habrían actuado de manera concertada y coordinada con el fin de encubrir los actos ilícitos vinculados al caso Petroperú”, se lee en la resolución, a la que accedió Perú21.

Por este hecho, también fue detenido ayer Samir Abudayeh, a quien, según las pesquisas, se quiso beneficiar desde el Gobierno, a través de la petrolera estatal, con un contrato de compra de biodiésel que ascendía a US$74 millones.

Además, se ordenó la detención del exgerente general de Petroperú Hugo Chávez, aunque este último viajó a Bolivia el lunes, el mismo día en que la Fiscalía pidió al juzgado su detención.

La Operación Valkiria III fue autorizada el miércoles por la jueza Lucero Estacio, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado.

Además de las cuatro detenciones, que se da por el plazo preliminar de diez días, la magistrada también autorizó el allanamiento de 11 inmuebles vinculados a los investigados, ubicados en Lima y Callao.

El Equipo Especial de la Fiscalía ha logrado corroborar la entrega de sobres de dinero al exsecretario Bruno Pacheco en diciembre del año pasado, a fin de que no advierta de los actos ilícitos de la organización criminal y así “sustraer de las investigaciones y persecución penal al presidente de la República”.

Se trata de una primera entrega de S/3,000, efectuada el 23 de diciembre; y otra de S/1,000, entregada el 29 de ese mismo mes. Aunque en realidad —como lo advierte la Fiscalía en su requerimiento— lo acordado con Pacheco desde el Gobierno habría sido más, unos S/20,000.

Las investigaciones fiscales refieren que el dinero habría sido facilitado por el propio jefe de la DINI en dos visitas realizadas a Palacio de Gobierno y de las cuales quedaron registro. Los sobres de dinero habrían sido recibidos al interior de la Casa de Pizarro por Shimabukuro, colaborador de la DINI en la oficina de enlace, quien, a su vez, coordinó con Beder Camacho para hacer la entrega a la hermana de Bruno Pacheco, en el Rímac.

El propio Shimabukuro ha reconocido ante el Equipo Especial, en una declaración realizada el último 7 de noviembre, que “antes de las fiestas navideñas de 2021, el jefe de la DINI le entregó un sobre cerrado, el cual entregó a Beder Camacho (…), luego de fiestas, Fernández Latorre entrega otro sobre cerrado”.

Además, la propia hermana de Pacheco admitió ante las autoridades que “a solicitud de su hermano, en dos oportunidades durante el mes de diciembre de 2021, recogió dos sobres a la altura del Plaza Vea de la Av. Alcázar en el Rímac”.

Por el momento, Fernández —a quien en un inicio la Fiscalía y la Policía no ubicaron ayer en su domicilio en La Molina, y se entregó horas después— ha negado lo señalado por Shimabukuro e insiste en negar que él haya sido colaborado de la DINI.

La Fiscalía postuló al juzgado que sobre el hombre fuerte de inteligencia habría peligro de fuga al no tener arraigo domiciliario, así como peligro de obstaculización pues “dentro de la organización criminal tiene el rol de encubrir el delito”.

“Ha negado que Shimabukuro sea miembro de la DINI, pese a que existen documentos oficiales suscritos por él que lo han establecido así”, se remarca en la resolución judicial.

La Fiscalía advirtió también que Hugo Chávez fue nombrado el 15 de setiembre pasado como director de Petroperú, tras insistencia del presidente Pedro Castillo a ministros y pese a que no cumplía con los requisitos establecidos en el estatuto de la empresa estatal. Días más tarde, el 7 de octubre, Chávez incluso fue designado gerente general.

“No cumplía con los requisitos (…) debido a que dicho investigado contaba con una condena por delito doloso, lo cual impedía su designación”, se advierte.

Chávez –ahora se sabe– fue condenado a un año de pena privativa de la libertad por desobediencia y resistencia a la autoridad en 2017, la misma sentencia que fue ratificada en 2019. A eso habría que sumarle las denuncias que se registran en su contra en el Ministerio Público.

Para la Fiscalía, Chávez fue clave pues, a raíz de su designación, se habría comenzado a captar a aquellas personas encargadas de los procesos de adquisición de hidrocarburos.

Se le atribuye el delito de colusión agravada y negociación incompatible “por cuanto se habría coludido y/o interesado indebidamente con la finalidad de favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.”.

Por la designación de Chávez, el presidente Pedro Castillo habría recibido S/30,000 por parte de su amigo Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz. Pacheco, uno de los gestores de su designación en la gerencia general, recibió S/15,000.