[Opinión] Alfonso Bustamante Canny: 21 años de decadencia y 21 de crecimiento. ¿Y ahora qué?

En octubre del año 2000, con una economía precaria, el Perú requería la inversión privada para rescatar su economía. Así el Congreso promulgó la Ley de Promoción Agraria (LPA). En su artículo primero citaba “Declárase de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario”. Detrás de este enunciado se inició la titánica tarea de atraer inversión y conocimiento al campo, lo que ocurrió paulatinamente, con la incorporación de nuevos proyectos de irrigación en los desiertos y con la eficiente labor de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) a cargo del Ing. Carlos Montoya.

Hoy, 21 años después de aprobada la LPA, podemos analizar la eficacia de la norma: el país se convirtió en un exportador neto de alimentos, 220 mil hectáreas ganadas a los desiertos dedicadas a la agroexportación, que requirieron inversiones por US$16,000 millones en instalación de cultivos y de US$6,000 millones en inversión anual en mantenimiento de cultivos, dentro de los cuales US$2,500 millones son jornales agrícolas; las exportaciones al cierre de 2021 llegarían a US$8,000 millones y generarían un millón de nuevos puestos de trabajo formales y descentralizados.

La norma, sin embargo, se derogó abruptamente en diciembre de 2020, restando competitividad y dinamismo al sector. Hoy vemos signos de deterioro en las cifras del INEI sobre el crecimiento de la informalidad en agricultura.

La cultura empresarial generada en el sector es la del respeto por el trabajador, por el medio ambiente y, en general, por la excelencia en el quehacer. No de otra manera se hubiese conseguido llevar alimentos frescos y saludables peruanos a todo el mundo. Por supuesto hay excepciones que atentan contra los que aspiramos a la excelencia, contra los trabajadores y contra la marca Perú; sin embargo, son una pequeña minoría en vías de extinción.