Gasto para la lucha contra la violencia contra la mujer tenía avance del 47% a julio

En el Presupuesto General de la República hay una categoría llamada “Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer”, cuyo monto actualizado, o presupuesto institucional modificado (PIM), asciende a alrededor de S/601.4 millones. De estos, al cierre de julio, solo se había desembolsado el 47.3%, según datos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este concepto de gasto, que presenta la información presupuestal en el nivel nacional, regional y local, contiene, a su vez, otros como el de “Niñas, niños y adolescentes víctimas directas e indirectas de maltrato infantil y violencia sexual con problemas de conducta sexual, reciben tratamiento cognitivo-conductuales adecuados”. Este último, por ejemplo, tiene asignados S/19.5 millones y lo gastado solo equivale al 10.6%.

Otro ítem que destaca es el de “Mujeres con servicios de detección, referenciación y atención inmediata en casos de violencia”, que tiene un presupuesto de S/29.9 millones y cuyo avance presupuestal es de 38.2%.

Por otra parte, hay casos en los que sí se ve un mayor avance, como en el apartado de “Servicios especializados de atención y recepción de denuncias para casos de violencia contra las mujeres”. Acá se han destinado poco más de S/209 millones, y se registra un gasto equivalente al 56% de lo asignado.

Para la expremier y exministra de la Mujer Ana Jara, uno de los problemas es el modesto presupuesto que se maneja, el cual calificó de “franciscano”. No obstante, destacó que el problema es complejo y requiere una atención transversal de parte de las autoridades.

“En la parte de prevención no solo el Ministerio de la Mujer interviene, (también) está Educación principalmente, Salud, Interior y hasta Turismo y Comercio Exterior, porque ellos actúan en el tema de trata (de personas). Así como (esto también involucra a) los gobernadores regionales y municipales, quienes deben priorizar su presupuesto en su autonomía, para trabajar con las políticas que dicta el ente rector, el MIMP”, explicó Jara.

Desde otro ángulo, la también exministra de la Mujer Rosario Sasieta consideró que el problema es el uso de los recursos.

“No parece prioritario para determinadas autoridades. Estamos a un nivel de desprotección de la infancia, de seguridad nacional (…). Además, cómo es posible que las Demunas (Defensoría Municipal del Niño y Adolescente) no esté inscrito en el Ministerio de la Mujer”, aseguró.

Asimismo, señaló que muchas veces “prefieren usar el dinero en un monumento a la mala o cualquier otra cosa”, en lugar de los casos de violencia. “Pienso que debe existir una autoridad autónoma para la infancia”, añadió.