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Expertos advierten sobre los gastos en obras públicas

Exministro de Economía y la CCL piden que se busquen nuevas alternativas que le generen menores costos al Estado.

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Aporte. Piden mayor participación de los privados en licitaciones. (USI)
Fecha Actualización
A pesar de que el país necesita mayor infraestructura para su desarrollo, el gobierno debe analizar mejor los proyectos antes de concesionarlos, aseguró el exministro de Economía Ismael Benavides.

"No hay criterio para dar las concesiones, no se sabe cuánto de rentabilidad nos van a generar y nos están llevando a los peruanos a un endeudamiento", manifestó.

El exfuncionario recordó que en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado se adjudicó el Oleoducto Norperuano, que luego "nos costó mucho dinero y cuya rentabilidad no cumple las expectativas".

"Se deberían buscar otras opciones de menor costo para el país. Ahora se dice que el gasto del Estado será un determinado monto, pero a la larga sabemos que esto aumentará", precisó.

Por su parte, el director de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda, señaló que una de las obras en las que se está haciendo un gasto innecesario es la refinería de Talara.

Este proyecto requerirá un desembolso de US$3,500 millones, de los cuales el 72% será aportado por Petroperú y el 28% vendría de privados.

"La obra pudo ser netamente privada porque el riesgo que tiene es bastante alto ya que, como el Estado es quien lo maneja, se pueden generar algunos conflictos políticos", afirmó.

BENEFICIONo obstante, el representante del gremio consideró que el proyecto del Gasoducto Sur Peruano sí beneficiará a los ciudadanos una vez que se ponga en marcha. "Estamos aprovechando un recurso que tenemos", dijo.

En el Gasoducto Sur Peruano, el consorcio ganador, conformado por Odebrecht y Enagás, planteó unos US$7,328 millones por el costo total de servicios. No obstante, el consorcio descalificado iba a ofrecer US$7,192 millones.

En la Línea 2 del Metro de Lima, el consorcio ganador ofertó un aporte del Estado de US$3,695 millones, pero el propio ministerio admitió que podrían registrar incrementos porque es el mismo Estado el que asume el riesgo geológico.