Ha hecho bien la Fiscalía en requerir ayer el impedimento de salida del país del exministro Julio Demartini. Una solicitud que el Poder Judicial debería atender ‘al término de la distancia’, como se suele decir. Sobre todo, porque su designación como embajador en el Vaticano está ya decidida, tal cual adelantó Perú21 hace unos días.
Si la Cancillería no ha enviado todavía la propuesta oficial es por temor a que la Santa Sede no la admita a trámite, debido a que en el Estado Pontificio la atención está centrada en la salud del papa, que atraviesa un momento delicado: solo él puede aceptar la designación de embajadores.
Esta modalidad de proteger a los miembros del entorno presidencial no es nueva. Dina Boluarte ya ha recurrido antes a la estratagema, al enviar, por ejemplo, como agregada policial a España, a la suboficial técnico de primera de la Policía, Ruth Ligarda Castro, más conocida como la ‘Sombra’ de Boluarte, testigo clave en el caso conocido como El Cofre. Es decir, hablamos de su guardaespaldas, y como tal, con pleno conocimiento, desde luego, de los desplazamientos realizados por la inquilina de Palacio a bordo de ese vehículo.
Demartini, como se sabe, es uno de los principales investigados en el caso Qali Warma y el Gobierno pretende sacarlo del país cuando debería responder por el escándalo de conservas malogradas, que se entregaron a escolares de bajos recursos en determinados puntos del país.
La propia Dina Boluarte fue a declarar hace dos días a la Fiscalía por otro caso vinculado al mismo programa social –los contratos dolosos que se firmaron con los proveedores– y aunque no ha trascendido lo que declaró a los magistrados, lo cierto es que el exministro debería también estar a disposición del Ministerio Público cuando le toque ser citado.
Los fiscales solicitan razonablemente que la medida coactiva se extienda por un plazo de 9 meses, mientras desarrollan sus pesquisas, que en este caso incluyen presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia en agravio del Estado.
La audiencia de este requerimiento se ha programado para el próximo martes 4. Cabe esperar que las autoridades judiciales sean lo suficientemente lúcidas para atender el pedido de la Fiscalía y que ninguna maniobra presidencial se interponga a la acción de la justicia.
