(Heiner Aparicio)
(Heiner Aparicio)

José Carlos Reyesjreyes@peru21.com

Los conflictos sociales, las trabas burocráticas y la falta de acción del Gobierno ya están pasando la factura. Actualmente, 60 grandes proyectos de infraestructura y minería están paralizados o postergados. Estos equivalen a una inversión superior a los US$41 mil millones, un 20% del PBI.

En el caso de las iniciativas de concesión priorizadas (suman 28), más de la mitad ha sufrido continuos retrasos desde el gobierno anterior.

Entre las más emblemáticas figuran el aeropuerto internacional del Cusco, el Gasoducto Sur y el proyecto de irrigación de Majes.

El presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (), Gonzalo Prialé, refiere que estructurar un proyecto y adjudicarlo debería tomar dos años, en promedio, pero actualmente demora hasta seis años.

COMISIÓN ANTITRABASEste problema fue reconocido por el propio presidente , quien hace dos semanas anunció la creación de una comisión multisectorial, liderada por el Ministerio de Economía, para monitorear los proyectos de inversión y resolver los 'cuellos de botella'.

"Buscaremos constituir una ruta centralizada donde se realicen todos los trámites para ejecutar una inversión pues, ahora, una empresa debe sacar permisos por todos lados", subrayó el mandatario en aquella oportunidad.

CÓMO RESOLVERLOAl respecto, Prialé dijo que no es la primera vez que un gobierno anuncia una comisión similar, pero espera que esta vez sí cumpla con su objetivo. "Las trabas se dan sobre todo en funcionarios de tercer nivel de los ministerios, quienes tienen miedo de acelerar los procesos por temor a ser enjuiciados luego por una supuesta mala gestión", sostuvo.

En ello coincidió el economista , quien recomendó que se contrate la asesoría de técnicos calificados, de consultoras mundiales y de bancos de inversión.

"Este grupo debería reportar directamente al presidente todas las semanas, para que informe sobre los avances y propuestas de solución para cada caso", enfatizó.

CONSULTA A PASO LENTOEn minería e hidrocarburos, además de los conflictos sociales que paralizaron proyectos como Conga, se suma el retraso por la implementación de la Ley Consulta Previa, que data de agosto de 2011.

Tras la reglamentación (a inicios de 2012), aún no se ha publicado la lista de comunidades indígenas y originarias que tendrán derecho a ser consultadas antes de que se realice un proyecto. Además, se establece que, finalmente, será el Estado el que decida.

informó que hay 27 lotes de exploración petrolera que no se pueden entregar pues se espera la consulta. En minería, la semana pasada el Gobierno aclaró que en 14 proyectos de exploración no se deberá realizar la consulta.

Para acelerar el proceso y evitar los conflictos entre ministerios, Secada propone encargarle su ejecución a una entidad externa. "Podría ser el Banco Mundial u otra entidad que pueda ofrecer metas específicas", sugirió el analista.

SABÍA QUE

- Mapa sin consensoEl Ministerio de Cultura identificó 52 pueblos indígenas, 48 amazónicos y cuatro andinos para realizar la consulta previa. Pero este informe no ha sido ratificado por el Gobierno.

- En espera del CongresoHace cuatro meses, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para acelerar la expropiación de tierras en proyectos de interés nacional. Aún no se debate.

- Suben los costosAFIN advierte que, por cada año de retraso de un proyecto de infraestructura, su costo se encarece en 5%, por lo que su ejecución se complica aún más.