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Este año, la inversión privada, según el último reporte de inflación del Banco Central de Reserva (BCR) caerá 30%, pero el 2019 fue el peor –en los últimos diez años– en ejecución de inversión en infraestructura, mientras que la inversión en asociaciones público – privadas (APP) viene cayendo de manera sostenida desde el 2015.
Según alerta el consultor internacional en APP e infraestructura Eduardo Escobal, mientras el año pasado las inversiones en obras públicas se contrajeron en 20% y el ratio inversión/PBI se redujo en 46%, la ejecución de la inversión privada en APP cayó un 72%.
“Después de un proceso de crecimiento sostenido por varios quinquenios, la inversión privada en APP ha caído en picada, dejando de impulsar y acompañar el desarrollo de un modelo económico que venía siendo referente en el continente”, afirma.
IMPACTO REGULATORIO
Para el también docente de ESAN, entre todas las posibles causas identificadas, la que mejor se correlaciona con el mal desempeño del modelo de APP en el Perú, sobre todo en los últimos años, es el cambio regulatorio.
Explica que desde el 2015, las normas han estado enfocadas en la regulación de procesos y en quitarle competencias a ProInversión, cuando debieron centrarse en la ejecución y puesta en servicio de los proyectos. En ese sentido, sugiere darle la vuelta a esos cambios, empezando por devolverle sus antiguas atribuciones a la agencia estatal.
“ProInversión debería volver a liderar el sistema de inversión privada en infraestructura, no solo porque ha sido premiada por ser una de las mejores agencias en promover la inversión privada, sino porque ahora no tiene liderazgo”, afirma convencido de que el siguiente gobierno tiene la oportunidad de mejorar el actual marco regulatorio de las APP.
CAMBIOS A LA VISTA
Considerando la estrecha relación de las APP con el cierre de la brecha en infraestructura, Eduardo Escobal sostiene que de mejorarse el marco regulatorio, se podrían adjudicar –mediante esta modalidad de inversión– entre US$4.000 millones y US$5.000 millones por año en infraestructura pública.
“Al año, debemos invertir más o menos US$15.000 millones en infraestructura y la tercera parte de ese requerimiento, unos US$5.000 millones, podría venir por APP, mientras que el resto debe hacerse por obra pública y ahí lo que se tiene que hacer es mejorar el sistema de elaboración de estudios y de licitaciones que ya está obsoleto”, indica.
Refiere que el marco regulatorio vigente está muy enfocado en los procesos de revisión y aprobación antes que en la licitación, por lo que debería volverse más flexible para agilizar los procesos y, adicionalmente, se debe implementar un sistema nacional de catastro y de expropiaciones para infraestructura.
“Levantando interferencias, acelerando la aprobación de expedientes técnicos y haciendo expropiaciones diligentes se podrían destrabar varias inversiones sin ningún gasto o con gastos mínimos para el Estado”, anota al recordar que la Línea 2 del Metro de Lima, la Carretera Central y otros proyectos más podrían seguir ese camino.
“Solo con esto se podría ayudar a destrabar obras por US$500 millones en el corto plazo”, mientras que en el mediano y largo plazo –según el especialista– se necesitan mejoras legales.
“Quizá estos cambios se puedan empezar a promover con este gobierno porque necesitamos un mejor marco regulatorio en APP y obras públicas. Destrabar inversiones y mejorar el marco legal, sería un buen legado considerando que tenemos proyectos por alrededor de US$4.000 millones trabados por problemas de diferente índole”, asegura.
