La UE y Canadá lamentan decisión de Estados Unidos sobre empresas en Cuba

La Unión Europea (UE) y Canadá lamentaron este miércoles en una declaración conjunta la decisión de Estados Unidos de permitir demandas ante sus tribunales contra empresas extranjeras operando en Cuba y advirtieron de la "espiral innecesaria de acciones legales" por esta medida.

La decisión "es lamentable y tendrá un impacto importante en los operadores económicos legítimos de la UE y Canadá en Cuba", señalan la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, así como la canciller canadiense, Chrystia Freeland.

La administración de Donald Trump anunció poco antes la activación a partir del 2 de mayo de una norma que permite demandar en tribunales de su país a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, poniendo fin a dos décadas de exenciones.

"Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio", advirtió el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Su responsable para América, Kimberly Breier, precisó que un amplio número de empresas europeas no deberían verse afectadas.

La UE y Canadá reiteraron que la "aplicación extraterritorial de medidas unilaterales" sobre Cuba "es contraria al derecho internacional" y su disposición a trabajar conjuntamente "para proteger los intereses" de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Ambos alertan además de la "espiral innecesaria de acciones legales", por las contrademandas en tribunales europeos y canadienses, tras indicar su objetivo de "prohibir la ejecución o el reconocimiento de sentencias extranjeras basadas" en el Título III de la ley Helms-Burton de 1996.

Desde la aprobación de la norma en 1996, los gobernantes estadounidenses habían postergado la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados con inversiones en la isla.

Cuando la ley fue adoptada, el Departamento de Estado estimó que existían unas 200,000 demandas potenciales. La activación de la norma genera incertidumbre por las consecuencias para socios de Estados Unidos.

Fuente: AFP