Los proyectos mineros tienen impacto significativo en las localidades aledañas. Recientes incidentes en Apurímac y Arequipa, demuestran que una mala comunicación con las comunidades desencadena inevitablemente en un conflicto, como el caso Tía María que se prolonga durante años.
Para que una empresa evite huelgas, invasiones de propiedad privada, entre otro tipo de acciones de protesta, es necesario que tramite la licencia social. ¿Pero qué significa exactamente este concepto?
“El término ‘licencia social’ no existe como tal. Sin embargo, podríamos definirla como el conjunto de percepciones que tiene la comunidad, u otros grupos de interés, respecto de la seguridad, sostenibilidad e impacto a largo plazo que tienen las operaciones de las empresas que realizan actividades extractivas”, señaló Katherine Villanueva, socia de Auditoría de EY Perú.
“Los proyectos que no la obtienen o que fracasan en mantenerla en el largo plazo, generalmente se encuentran con una comunidad hostil que puede llegar a paralizarlos por periodos prolongados de tiempo o incluso a cancelarlos. Un ejemplo de ello es el caso de Conga”, añadió.
Pero, ¿cuál es la regulación que gira en torno a ella?, ¿es realmente una obligación para las empresas extractivas? ¿En caso contrario, por qué es tan importante?
Finalmente, Villanueva señala que: “la empresa debe entender que las acciones de protesta se desencadenan a partir de un sentimiento de inseguridad de las comunidades locales con respecto a los alcances e impactos de las operaciones de una compañía".
"Se trata de una duda razonable, partiendo de que habrá mucha gente que se verá afectada de alguna u otra manera. Por lo tanto, es necesario que se cuente con planes de difusión de los EIA para que pueda tener el mayor alcance entre los pobladores locales, no solo al inicio del proyecto, sino durante y después de la operación minera”, puntualizó.