Tercerización laboral: ya hay más de 100 acciones de amparo contra decreto del Ejecutivo

Se veía venir. El rechazo de los empleadores a los intentos del Poder Ejecutivo por legislar en materia laboral mediante decretos supremos no consensuados en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) se ha materializado en casi 100 acciones de amparo y más de un centenar de denuncias por trabas burocráticas en el Indecopi contra el Decreto Supremo (DS) 001-2022, que limita la tercerización laboral.

Las cifras solo corresponden a inicios de agosto, según lo adelantó el abogado laboralista Luis Vinatea.

“En materia de acciones populares, hay cerca de 12 planteadas. En materia de acciones de amparo, debe haber más de 100 aproximadamente, pero es una estimación para el Juzgado de Lima, porque en provincias también hay acciones de amparo planteadas”, dijo el socio del estudio Vinatea & Toyama durante una reunión con periodistas.

El número de acciones de amparo contra el referido decreto que elimina la tercerización laboral para actividades nucleares de las empresas incluso podría ser mayor.

“Es posible que en estos días se haya incrementado el número porque la inminencia de la aplicación de la norma lleva a que muchas empresas comiencen a plantearse la posibilidad de reclamos”, precisó.

En el caso de las más de 100 denuncias por barreras burocráticas ante Indecopi, existen cerca de 20 donde ya se han emitido medidas cautelares, de acuerdo con Vinatea.

“No recuerdo una norma de carácter laboral que haya tenido un nivel de cuestionamiento como este”, agregó el laboralista.

Política de Gobierno

Para Oscar Caipo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la publicación del decreto que limita las tercerizaciones (001) y del que modifica el reglamento de relaciones colectivas (014) responde a una política de Gobierno.

Esto se debe, precisó, a que los cambios en el marco laboral se han producido a pesar del cambio de ministros.

Tal práctica, además, remarcó Caipo, ha ido de la mano con la modificación de reglamentos y normas por medio de decretos, evitando así tanto el debate en el CNT como la discusión de propuestas legislativas en el Congreso.

Por ello, el presidente de Confiep alertó que el Ejecutivo está pasando por encima de los empleadores, del Congreso y de la institucionalidad del Consejo Nacional del Trabajo.

“En vez de cambiar las leyes, que deberían ir al Congreso (mediante proyecto legislativo), está tratando de cambiar reglamentos mediante decretos supremos, saltándose el mecanismo legal”, destacó.

Como ejemplo mencionó el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo, que debía ser discutido en el CNT entre representantes empresariales y sindicales, para luego obtener un consenso que fuera enviado al Parlamento. Sin embargo, Caipo advierte que se busca aprobar tales propuestas por la puerta falsa.

“Están extrayendo temas de ese código (laboral), que, después de dialogados, deberían haber ido al Congreso para, en vez de eso, sacarlos mediante decreto supremo. Entonces, están puenteando toda la institucionalidad del sistema, y eso es muy peligroso. No solo lo es en materia laboral; es peligroso en general cuando vemos que el Gobierno empieza a vulnerar el aparato estatal y las instituciones, gobernando mediante decretos supremos”, advirtió Caipo.

Multarán a empresas con 52 UIT

A los dos decretos cuestionados se sumó ayer una tercera norma: el DS 015-2022-TR, que modifica el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y fija multas por más de S/200 mil para los empleadores que no acaten la norma que limita las tercerizaciones.

El DS establece que, en caso de usarse la tercerización para actividades del núcleo del negocio, los empleadores podrían recibir una multa de hasta 52.53 unidades impositivas tributarias, que equivalen a S/241,638, pues tal infracción es considerada como muy grave. Una multa del mismo valor se aplicaría para aquellos que usen la tercerización para actividades distintas a las principales.

“Este decreto supremo es la consecuencia del anterior (sobre tercerizaciones). Tenían que modificar el reglamento para poder inspeccionarnos o se habría quedado incompleto. No es una sorpresa que iba a salir”, aseveró Oscar Caipo.

El presidente de la Confiep agregó que este DS, al igual que los otros, solo está dirigido a los trabajadores formales.

“Tenemos 77% de informalidad laboral y un tejido empresarial compuesto por micro y pequeñas empresas, muy pocas empresas medianas. ¿Cuáles son las barreras para que estas puedan crecer y ser medianas o grandes? Tener la capacidad de cubrir todos los requerimientos tributarios, laborales y la burocracia. A eso le estamos agregando las políticas de este gobierno, que, lejos de solucionar los problemas, los va a agudizar”, aseveró.

Datos

Vinatea explica que “el convenio 144 de la OIT establece que el Gobierno peruano está obligado a que las iniciativas de carácter normativo que regulen el mercado laboral sean dialogadas”.

Caipo remarcó que los gremios empresariales han suspendido su participación en el CNT porque el Ejecutivo ha venido publicando decretos supremos de forma unilateral.