Advirtió que tomaría acciones legales si se oponen al decreto que limita la tercerización. Analistas explican que la postura del Ejecutivo es inaudita y que el decreto supremo es inconstitucional. (Foto: GEC)
Advirtió que tomaría acciones legales si se oponen al decreto que limita la tercerización. Analistas explican que la postura del Ejecutivo es inaudita y que el decreto supremo es inconstitucional. (Foto: GEC)

Las amenazas del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Ramón Lira, de tomar acciones penales contra los magistrados del Poder Judicial que emitan acciones en contra del decreto supremo que limita la fueron duramente criticadas por diversos analistas, entre ellos abogados laboralistas y empresarios.

La principal advertencia que hacen los analistas es que una postura de este calibre desde el Poder Ejecutivo no se había visto antes, pues no respeta la separación de poderes. Al contrario, las trasgrede.

Al respecto, el laboralista y socio del estudio Gálvez & Dolorier Abogados, Javier Dolorier, explicó que el decreto del Ejecutivo supone una trasgresión inconstitucional e ilegal a los principios de libertad de contratación, de jerarquía normativa, y de modificación de contratos considerados en la Constitución.

“Nunca he visto un comunicado de esta naturaleza, por el cual el Ministerio de Trabajo amenace al Poder Judicial o a funcionarios administrativos de una institución como el Indecopi. Un juez está investido de la potestad de aplicar la norma legal sobre una norma de inferior jerarquía (…). Es una atribución establecida en la Constitución y también el Indecopi, por ley, tiene facultades para resolver según su competencia. Lo que hace el Ministerio de Trabajo de manera inexplicable, inaudita e ilegal es amenazar a los jueces de la Corte Suprema, a los jueces del Tribunal Constitucional, con denunciarlos si resuelven en contra del Decreto Supremo 001-2022-TR”, aseveró Dolorier.

Actividades afectadas

Por otra parte, el experto en derecho laboral Ricardo Herrera, consideró que el este portafolio debería aceptar las medidas cautelares que está emitiendo el Poder Judicial contra el mismo decreto supremo y ejercer su derecho de defensa. “Para eso tiene una Procuraduría”, dijo. Destacó que por ello podría apelar las sentencias o resoluciones que vea conveniente.

A esto agregó que los sectores más afectados serían comercio y servicios, los cuales concentran una alta cantidad de micro y pequeñas empresas (mypes), además del mismo Estado.

“Minería no sería afectada porque tiene la Ley General de Minería, que es una norma jerárquicamente superior al decreto de tercerización, que permite que los titulares de concesiones mineras puedan tercerizar con contratistas cualquier etapa de su proceso productivo. Sin embargo, sí puede afectar al Estado, que tiene entre 15% y 16% de su mano de obra tercerizada. En consecuencia, el Estado se estaría haciendo daño a sí mismo. Banco de la Nación o Petroperú podrían verse afectados”, afirmó.

Finalmente, Juan Stoessel advirtió que el turismo también correría peligro, pues existen varias actividades que buscan reactivarse y emplean esta modalidad de contratación por la naturaleza del negocio.

“Las agencias de viajes de las cuales dependemos en un 40% o 50% los hoteles, tienen grupos de personas que atienden y les hacen el viaje. Hay días que no tiene a nadie, pasan dos días y tienen un grupo de 50 personas. Este decreto de la tercerización les exigiría tener a los guías en planilla, teniendo cerca del 70% de su tiempo sin hacer nada. Es insostenible”, aseguró Stoessel.

Dato

-El lunes, a través de un comunicado, el MTPE aseguró no “descartar drásticas acciones en la vía penal y disciplinaria para responder a los funcionarios que se involucren en otorgar indebidamente medidas cautelares o similares, además de los recursos del ámbito civil y constitucional”.