Después de más de 20 años de controversia fiscal, Telefónica del Perú pagará S/1,361 millones a la Sunat en cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial en última instancia en enero de 2023 por la declaración del Impuesto a la Renta (IR) de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001.
Esta controversia se originó cuando hace más de dos décadas la empresa de origen español pagó S/412 millones por concepto de IR, pero la Superintendencia realizó algunas observaciones en las deducciones de gastos de la compañía.
La empresa de telecomunicaciones aseguró que la demora en la controversia no es atribuible a la compañía, y cuestionó “la aplicación indebida de intereses moratorios” fuera de los plazos establecidos por la ley, lo que, según Telefónica del Perú, generó que el 80% del monto en debate estuviera compuesto de intereses y multa.
“Si bien el Tribunal Constitucional reconoció los argumentos de la compañía respecto al cómputo de los intereses, lamentablemente el Poder Judicial en última instancia validó alguno de los reparos hechos por la administración tributaria”, indicó la española en un comunicado.
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Además, recordó que en 2021 inició un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) “por diversas conductas del Estado peruano violatorias del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú”.
Para cumplir con la obligación, la compañía ha comunicado a las entidades financieras para que en su oportunidad procedan al pago a la Superintendencia en honramiento a las cartas fianzas emitidas en el marco de los procesos indicados.
Al respecto, el tributarista Jorge Picón, señaló que un pago como el que hará Telefónica del Perú puede significar un impacto significativo para la recaudación tributaria del país que aún no se recupera.
“Esto puede dar un impulso no previsto a la recaudación que estaba en caída. Un pago de más de S/1,000 millones puede tener un impacto positivo para los ingresos tributarios”, indicó a Perú21.
No obstante, señaló que este cobro “linda con el abuso contra la empresa formal” debido a que “el Tribunal Constitucional sacó una sentencia que señala que cuando los procesos demoran demasiado, el Estado no puede cobrar intereses más allá de un punto”.
“El Poder Judicial y la Sunat no están acatando la sentencia, así que este cobro linda en el abuso contra la empresa formal”, comentó.
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