Secreto bancario en juego: pocos beneficios, muchos riesgos

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La Sunat tendrá acceso a datos sensibles de clientes bancarios, como DNI, nombre, número de cuenta, código interbancario (CCI), montos, saldos, entre otros. Esta información debe ser remitida todos los meses por bancos, cajas municipales, cooperativas y financieras para todas las personas naturales o empresas que tengan cuentas por más de S/10 mil.

Así lo establece el reglamento publicado el último domingo del Decreto Legislativo 1434, aprobado en 2018 por el expresidente Martín Vizcarra, como parte de un acuerdo con la OCDE para combatir la evasión y elusión tributaria en el país, pero lo cierto es que la medida implica más riesgos que beneficios, según diversos expertos. El principal peligro está en la seguridad de los datos personales y lo otro es que afecta el secreto bancario, que es un derecho constitucional que solo se puede levantar por orden de un juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso.

“No puede el Poder Ejecutivo, con una norma de menor jerarquía, levantar el secreto bancario de los peruanos”, comenta el abogado Enrique Ghersi al señalar que esta norma, tal como está planteada, es ilegal y se puede anular a través de una acción popular, una acción de amparo o una acción de inconstitucionalidad. Nadie se puede oponer a combatir la elusión y la evasión, pero no con medidas que afectan las libertades individuales y la seguridad personal.

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Además, la Sunat tiene mecanismos para hacerlo, como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que fue creado con ese objetivo y sigue vigente, por lo que no están debidamente justificadas las razones por las que se necesitaría un reporte mensual de las cuentas de los peruanos.

La norma se aplicaría a 2.2 millones de depósitos que superan los 10 mil soles y que representan el 95% del monto total, según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a noviembre de 2020, mientras que la Sunat identificó unas 250 mil empresas y 1.7 millones de personas a las que aplicaría la medida.

Y aquí viene el otro efecto negativo: cumplir con esos reportes mensuales implica mayores costos financieros y los bancos los trasladarán a los usuarios en comisiones más altas. Es decir, desalentará la bancarización y fomentará la informalidad.

Sube el gasto en salud, pero seguimos sin camas UCI ni vacunas

La inversión del sector salud ascendió a S/24.2 mil millones al cierre de 2020, 30% más de lo que se esperaba gastar, debido principalmente a la necesidad de atender el estado de emergencia por el COVID-19.

Este monto se fue principalmente en la contratación de personal y en la compra de equipo de protección, por lo que el gasto corriente aumentó en 33%. Centrarse en ello al inicio de la pandemia era lo adecuado, pero luego era vital asegurar las vacunas y mejorar la capacidad hospitalaria para atender el segundo pico de la pandemia. No se hizo.

La realidad nos dice que hasta el momento seguimos sin plazos claros para el inicio de la vacunación y solo quedan 21 camas UCI disponibles en Lima y Callao, según la Superintendencia de Salud. A nivel nacional, de las 1,584 camas UCI, el 97.8% está ocupado.

Inversión pública, el talón de Aquiles

En 2020, la inversión pública fue de S/2.4 mil millones, apenas 10% más en comparación con lo alcanzado en 2019. La inversión pública, a cargo del gobierno nacional, fue de S/517 millones, lo que implica un 40% de recursos sin utilizar.

El mayor problema está en el Ejecutivo, porque durante la crisis sanitaria los ministerios fueron los responsables de tomar las principales decisiones.

La historia de las vacunas contra el COVID-19 es claro ejemplo de las prioridades de nuestras autoridades, como un expresidente (Martín Vizcarra) que afirmaba que ya se tenía asegurado el primer lote de 10 millones de dosis y un gobierno interino que no da información clara al respecto.

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