Recuperación económica y empleo en riesgo por facultades legislativas

Un bajo impacto en la informalidad y un riesgo para la reactivación económica de los peruanos. Esta es la preocupación que genera en los analistas el apartado tributario de la solicitud de facultades legislativas que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso.

Si bien el argumento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que las facultades le permitirían fortalecer la política fiscal y tributaria para incrementar la recaudación, la realidad es que la iniciativa es vista con escepticismo y preocupación por varios analistas, pues no se observan medidas que apunten a solucionar uno de los principales problemas: el alto nivel de informalidad y la evasión y elusión que esta ocasiona.

En ese contexto, de las medidas tributarias planteadas, el aumento de la regalía mínima del sector minero y el incremento del Impuesto a la Renta por alquileres son considerados negativos por Apoyo Consultoría, mientras que otras son consideradas inoportunas.

Las últimas son el aumento del Impuesto a la Renta (IR) para personas con rentas de cuarta y quinta categoría, del IR para ganancias de capital, de la carga impositiva para la minería y las medidas de política tributaria municipal.

En su reciente informe de Servicio de Asesoría Empresarial (SAE Empresarial), la firma también advierte que la iniciativa de incrementar impuestos sería inoportuna. “En materia tributaria, consideramos que no es pertinente porque pone en riesgo la frágil recuperación económica”, refiere Apoyo, agregando luego que el empleo formal privado aún se encuentra rezagado respecto a los niveles previos a la pandemia.

Para Rocío Liu, abogada tributarista y socia del estudio Damma Legal Advisors, el principal problema de un incremento de impuestos sería la afectación de la reactivación económica y recuperación del empleo.

“El riesgo es que proponen esto en un momento en el que la economía está tratando de salir de la pandemia y con un problema político donde hay incertidumbre y se han parado proyectos (de inversión). ¿A eso le van a agregar más impuestos?”, comentó Liu.

Problema de fondo

En cuanto a los problemas de recaudación relacionados con la informalidad que tiene el país, Liu advirtió que este no es abordado por las iniciativas del Ejecutivo.

“El riesgo (de que el Congreso dé las facultades) es que no hay ningún tipo de medida para tratar la informalidad ni incrementar la base de los contribuyentes. Las propuestas que han presentado básicamente consisten en recargar a los que ya tributan y que son formales”, precisó.

Su mirada coincide con el reporte de Apoyo, que menciona que el problema de baja recaudación no son las tasas de impuestos, pues las principales están alineadas con el promedio de América Latina, sino que esto se explica por los altos niveles de informalidad y evasión y elusión. “En el Perú, 70% de trabajadores se desempeña en el sector informal, mientras que en la región es aproximadamente el 50%”, detalla la firma.

Por ello, la falta de atención a este problema, la falta de un equipo técnico adecuado en materia tributaria en el Ejecutivo y la falta de voluntad para debatir las iniciativas con otros actores económicos serían motivo suficiente para que el Congreso no deba otorgar facultades legislativas en materia tributaria. Así lo asevera el tributarista Jorge Picón.

“No veo ni una capacidad técnica mejor que el Congreso ni ninguna vocación de querer coordinarnos absolutamente con ningún gremio. Así que lo recomendable sería que la reforma tributaria pueda ser planteada por el Ejecutivo, pero a nivel de la Comisión de Economía (del Parlamento)”, afirmó Picón. Queda ver la decisión que tomarán los legisladores.

Tenga en cuenta

-Giorgio Balza, asociado principal del Estudio Cuatrecasas, explica que en otros países el fisco busca aumentar la presión tributaria, y por tanto la recaudación, a todo nivel. “Esto implica ampliar la base tributaria; hacer tributar a los que no tributan”, dice.

-Algunas iniciativas podrían ser positivas, según Apoyo, como la simplificación del Régimen Mype, el IGV para la economía digital y agilizar la resolución de controversias tributarias.