¿Quién trabaja para quién? El Gobierno para el “pueblo” o viceversa

El polémico primer ministro, Guido Bellido, anunció que se “nacionalizará” el yacimiento de Camisea si es que la empresa concesionaria no renegocia el reparto de utilidades a favor del Estado. Esta es una prueba más de que el gobierno no tiene moderación y sigue el ideario socialista que planteaba en su primer plan de trabajo.

Además, agudiza las contradicciones entre los ministros y el presidente, pues hace unas semanas Pedro Castillo y Pedro Francke aseguraban a los inversionistas extranjeros que tendrán las garantías de invertir en nuestro país bajo reglas claras y seguridad jurídica.

Tampoco queda claro qué quieren renegociar. Camisea ya entrega regalías por hasta el 65% de sus utilidades, y expropiarla o nacionalizarla para sumar solo un 5% (el ideario de Perú Libre habla de 70%) implica un costo mucho más alto para el país. El Estado tendría que pagar US$30 mil millones en indemnizaciones por incumplir varios tratados internacionales que ha firmado, según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

¿Qué significaría nacionalizar el gas natural? De acuerdo al marco legal para el Proyecto Camisea, Perupetro, empresa estatal, tiene la facultad de contratante y supervisor de las fases de exploración y explotación de los lotes de gas natural. El Consorcio Camisea está conformado por Pluspetrol (27.2%), Hunt Oil (25.1%), SK (17.6%), Tecpetrol (10%), Sonatrach (10%) y Repsol (10%).

Pluspetrol es la que tiene mayor participación en la producción y como operador mediante las empresas Pluspetrol Lote 56, Pluspetrol Camisea (Lote 88) y Pluspetrol Perú Corporation S.A (operador del lote 56 y lote 88).

Pluspetrol paga por la extracción de recursos de los lotes 88 y 56, el 37.24% del valor de producción por concepto de regalías, además del 30% por impuesto a la renta. Así, de los S/40 mil millones que ha recaudado Camisea en los últimos 16 años, alrededor de S/12 mil millones corresponden a las actividades de Pluspetrol. Es decir Pluspetrol habría aportado 1 de cada 3 soles de los impuestos recaudados por Camisea.

Por ello, nacionalizar Camisea implicaría la salida de Pluspetrol y las demás empresas, y entraría, como administrador, Petroperú, que no tiene ni conocimiento y ni capacidad para gestionarlo y operarlo, pues en los últimos años esta empresa estatal ha generado más de S/13 mil millones de pérdidas en la realización de sus actividades petroleras.

Trabajadores, los más afectados con la nacionalización

Debido a la cadena productiva de las industrias extractivas, por cada empleo directo se generan aproximadamente seis puestos de trabajo adicionales, por lo que Camisea habría creado unos 30,000 puestos de trabajo directos e indirectos en los últimos 15 años de operación, según la consultora Macroconsult.

También se afectarían a las regiones que reciben impuestos y regalías, lo que ha permitido que 4.5 millones de habitantes en zonas rurales tengan acceso a agua y saneamiento; que más de 15 millones de personas cuenten con electricidad en sus hogares. Esos recursos también contribuyeron a la pavimentación de 15,500 kilómetros de carreteras en el país.

Además, aproximadamente 13,000 comercios se encuentran conectados a gas natural, y más de 300,000 vehículos usan GNV, lo que ha generado un ahorro de unos S/ 35 mil millones al sector transporte, así como medianas y grandes industrias y comercios.

La otra cara de la moneda: Estado ineficiente

La precupación del nuevo gobierno debería centrarse en utilizar de manera eficiente los recursos que recibe por esta actividad, pues Camisea paga aproximadamente el 65% de sus utilidades en impuestos y regalías, de los cuales casi la mitad se transfiere a gobiernos regionales y municipios por concepto de canon para que realicen inversiones en proyectos de salud, educación, transporte e infraestructura. Pero de los 21 mil proyectos que Camisea financió (entre 2012-2020), menos de 5 mil se concluyeron; es decir, el Estado ejecuta solo el 25% de proyectos que el consorcio financia.