El virtual gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, consideró hoy que el proyecto minero Conga debe seguir en suspenso debido a que tiene muchas falencias.
"Conga es un proyecto que tiene muchas falencias desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social", remarcó.
Guevara también recordó que Conga es un proyecto "manchado de sangre", pues el conflicto social en torno al proyecto ocasionó la muerte de cinco cajamarquinos.
"Este tipo de proyectos, por ahora, deben seguir en suspenso porque quien va a decidir es el pueblo de Cajamarca", indicó en entrevista con RPP.
El proyecto minero Conga, en manos de Minera Yanacocha, propiedad de Minas Buenaventura y la estadounidense Newmont, supone una inversión de US$4,800 millones. No obstante, se encuentra paralizado desde noviembre de 2011 por los conflictos sociales.
Guevara criticó que el estudio de impacto ambiental del proyecto alimentó actos de corrupción. Además, dijo que faltan otros estudios, como el balance hídrico o sobre aguas subterráneas.
Al respecto, dijo que el gobierno central debe establecer un nuevo modelo minero para la región Cajamarca.
"Vamos a exigir que no sea un combinado de piedras que deje indefensa a la población. Planteamos que parte del Impuesto a la Renta se quede en Cajamarca para remediar los pasivos ambientales", sostuvo.
También planteó la generación de empleo a través de la obra de inversión pública. Añadió que existen S/2,000 millones para su región que se encuentran en manos del Ejecutivo.
"Hacemos llamado para que el MEF transfiera esos fondos a la región de Cajamarca", anotó Guevara.
Cajamarca representa el 27% de la cartera de inversiones mineras de nuestro país. Es precisamente en esta región donde se registra el mayor monto de inversión de esta naturaleza: US$16,209 millones en seis proyectos mineros (Michiquillay, Conga, Quecher, El Galeno, La Granja y Michiquillay).
Estas oportunidades contrastan con las altas cifras de pobreza, que, según el INEI, ascendió a 47.5% durante 2017. Casi la mitad de la población vive sin satisfacer sus necesidades básicas.