Provincias mineras no ejecutan ni el 60%

Constantemente al sector minero se le exigen más recursos para obras sociales y se le pide que pague mayores impuestos; sin embargo, los recursos provenientes de esta actividad muchas veces no son utilizados por las autoridades subnacionales. Veamos sino cómo va el avance de ejecución de los recursos provenientes del canon, sobrecanon, regalías, entre otros.

Tomando en cuenta solo algunas provincias donde están las principales minas, se puede observar que, al 25 de noviembre, no se invertía ni el 60% del monto asignado para proyectos.

Por ejemplo, en el caso de Huari (Áncash), donde se encuentra Antamina, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) –constituido con los recursos antes mencionados– para este año asciende a S/1,630′460,521. Sin embargo, solo registra un avance del 30%.

En tanto, en la provincia de Arequipa, el PIM es de S/1,335′853,488, y se ha gastado el 39.6%. Acá se ubica la Sociedad Minera Cerro Verde.

Por otro lado, en Nasca (Ica), el monto asignado es de S/505′069,891 y solo se ha desembolsado el 40.6%. Shougang Hierro opera en esta zona del país.

Quellaveco es otro de los proyectos mineros grandes y se encuentra en Mariscal Nieto (Moquegua). El presupuesto asignado aquí es de S/443′330,552 y su avance es solo de 49.9%.

En el caso de Espinar (Cusco), si bien ha recibido un monto menor, S/300′108,711, solo ha gastado el 58.2%.

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MANEJO DEL RECURSO

La analista de Estudios Económicos de ComexPerú, Lety Gómez, cuestionó que haya municipios que reciban altos presupuestos “que no van de acuerdo con sus competencias o con los recursos humanos que tienen”.

“El problema es que no hay una especie de castigo a la baja inversión del canon”, comentó y aseguró que se tienen que priorizar los desembolsos de acuerdo a las brechas de cada zona del país.

En ese sentido, señaló que hay personas que viven cerca de las zonas mineras y que exigen bienes y servicios básicos a las empresas cuando eso, por ley, se lo tiene que dar el Estado.

Asimismo, consideró que se tiene que establecer que, si se empieza una obra a cargo de alguna autoridad, no la van a dejar paralizada, que se debe cerrar antes de sacar adelante nuevos proyectos.

Por su parte, el analista Anthony Laub consideró que no ejecutar el presupuesto se traduce en menos calidad de vida para las personas. “El dinero está ahí, solamente falta la ejecución. Hay expertos que podrían ayudar a ejecutar las obras, pero hay un circuito de coimas, de ganancias que truncan las ejecuciones”, afirmó a Perú21.

Datos

El ministro de Economía, Kurt Burneo, se reunió con más de 600 autoridades electas y señaló que “el costo de tener obras a medio hacer o inconclusas es altísimo”.

Según la Contraloría General, al segundo trimestre había 2,326 obras públicas paralizadas.

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