A raíz de las protestas, la economía peruana ha sido golpeada y el empleo está en peligro. El jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Oscar Chávez, explicó a este diario que el 27.8% del empleo formal está en riesgo por las manifestaciones, es decir, 1.1 millones de puestos de trabajo.
Esto se calcula tomando en cuenta 15 regiones donde actualmente se registran los mayores conflictos, es decir, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
“No se puede determinar cuánto tiempo dure el conflicto, o en cuánto frenará a la economía. Además, si las empresas no pueden operar, ¿cómo van a pagar las planillas?”, dijo.
Por sectores, indicó que los más afectados son el minero, el agropecuario, el manufacturero, el de construcción, el de comercio y el de servicios.
Pero la crisis que se vive en el país no solo afecta al formal. El representante del gremio detalló que también hay un golpe a los informales que no pueden laborar.
Mira: Cusco: hay 120 mil personas en riesgo de quedar sin empleo por los bloqueos
“La crisis significa un freno a la actividad, menores ingresos para las personas y el deterioro en la cantidad y calidad del empleo”, resaltó.
APOYO
Sin duda, uno de los sectores más golpeados por la conflictividad que se vive en el país es el de turismo. En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, informó ayer que la próxima semana dará nuevas medidas para ayudar a este rubro.
“Hay turistas que ya no están yendo al sur, se están dirigiendo al norte, lo cual genera impactos no solamente regionales, sino sectoriales”, indicó durante su presentación en la sesión conjunta de las comisiones de Economía y la de Descentralización. Una de las acciones está relacionada a la devolución del IGV a las empresas en cuestión.
Por otro lado, se refirió a las facultades que ha solicitado el Ejecutivo para legislar en materia económica y señaló que lo que se busca, entre otras cosas, es incentivar el gasto público y el cierre de brechas.
“Queremos simplificar los contratos de Estado a Estado, fortalecer las finanzas municipales y asegurar la celebración y ejecución de contratos”, añadió.