La contratación de un millón de trabajadores por un año costaría más de S/15 mil millones. ¿De dónde saldrá el dinero? Nadie lo explica. (Foto: GEC)
La contratación de un millón de trabajadores por un año costaría más de S/15 mil millones. ¿De dónde saldrá el dinero? Nadie lo explica. (Foto: GEC)

Los planes de gobierno de los candidatos presidenciales tienen propuestas malas, otras peligrosas y unas cuantas buenas, pero el denominador común es que ninguno detalla cómo las financiarían.

Ese es el caso de las principales medidas de los candidatos a la Presidencia, que plantean crear empleos públicos masivos que son inviables, no solo porque son impagables, sino también porque generan corrupción, clientelismo y no resuelven los problemas reales del mercado laboral.

Juntos por el Perú ofrece programas de empleo temporal masivo en pequeños proyectos hasta por un millón de empleos a 2022.

Fuerza Popular plantea un mecanismo de empleo rápido para movilizar en el corto plazo el gran número de desempleados y trabajadores informales para obras comunales y vecinales.

Podemos Perú propone crear dos millones de empleos para construir escuelas, centros de abastos y otros.

Acción Popular ofrece generar cinco millones de puestos de trabajo públicos durante su quinquenio de gobierno.

Esas cifras son inviables por varias razones.

Hoy, en todo el aparato estatal del Perú (Ejecutivo, gobiernos regionales, municipalidades, docentes, médicos, policías, militares, jueces) existen cerca de un millón y medio de personas.

¿Cómo se va a multiplicar la contratación pública? No parece realista. ¿De dónde va a salir la plata? Ninguno de los candidatos lo explica.

La contratación de un millón de trabajadores durante un año –con salario mínimo y beneficios de ley– costaría más de S/15 mil millones, según el IPE, cifra superior a todo lo gastado en bienes y servicios en 2020 en el sector salud.

El Estado no debería ser una agencia de empleos, porque eso provoca corrupción y clientelismo.

Los recursos públicos deben usarse para proveer servicios de calidad a la población (seguridad, justicia, agua, educación, entre otros). Para ello se necesita contratar personas, pero esto debe responder a procesos puntuales, porque, de lo contrario, habría mal uso de dinero público, y peor en un contexto de crisis como la actual, donde son escasos los recursos fiscales.

La creación de empleo con presupuesto público no resuelve los retos del mercado laboral, como promover la inversión privada, la formalidad, la productividad, entre otros, que son claves para crear empleo sostenible y de calidad.

No todo es negativo

Entre ese mar de promesas sin sustento técnico, hay algunas propuestas positivas. El plan de gobierno de Victoria Nacional menciona la creación de Programa de Cadenas Productivas por S/1,500 millones para incrementar financiamiento de empresas. También un Fondo de Garantías MYPE Resiliente para mejorar el proceso productivo y TUPA Único Automatizado, que simplificará los trámites, así como un acompañamiento laboral y tributario de las mype por tres años desde su creación.

En Renovación Popular se plantea crear el Instituto de Promoción y Desarrollo de Pymes, el Banco Pymes, de capital privado, así como modernizar mercados y reorganizar el programa Mi Mercado, además de otorgar créditos a mujeres emprendedoras y reducir la tasa del IGV para fomentar formalización.

¿Y la inversión privada?

Con el discurso de generar puestos de trabajo, los candidatos de Acción Popular y Juntos por el Perú proponen bonos universales mensuales y programas estatales. Pero estas medidas pierden fuerza cuando se contradicen al prometer empleo y restringir o ahuyentar la inversión privada.

El candidato Yonhy Lescano propone controlar la educación, los precios en salud y mayor regulación a las riquezas naturales, lo que pone en peligro la inversión en estos sectores.

Más radical aún es la propuesta de Verónika Mendoza, quien plantea que “no se implementarán más obras por iniciativa privada y todas las concesiones serán por iniciativa pública”.