Presidente de Agrobanco sobre deuda: “Pensamos cobrar S/300 millones”

El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo Mostajo (GM), y el presidente de Agrobanco, Luis Palomino (LP), tienen el reto de crear un sistema de préstamos para los pequeños agricultores a través de Mi Agro. En este no solo hay deudas por cobrar, sino conciliaciones pendientes con el Congreso de la República. Ambos explican las metas.

¿Cómo están planificando la estrategia del cobro de la deuda del Agrobanco?
LP: Primero, aclaremos que se va a cobrar la deuda porque esta no se extingue cambiando la persona jurídica. Vamos a cobrar para mantener el ciclo de financiamiento. Tenemos que evitar la incertidumbre de que el Agrobanco se va a liquidar, eso no va a pasar. Estamos teniendo cobranzas, en lo que va del año, de S/30 millones a S/40 millones. Y la otra segmentación es la cartera que tiene el 80% de capital del banco, que está en 25 clientes.

Acá hay que empezar a manejar con criterio la salida de clientes. Una solución serían los vecinos porque quién mejor que el de al costado e interesado en un predio. Hay una estrategia de cobranza por cada tipo de cliente.

¿Cuándo se terminaría de cobrar la deuda y cuánto se avanzaría para este año?
LP: Pensamos finalizar (el año) con S/300 millones de cobranza y será una labor continua y permanente. De lo que se debe hasta ahora, esperamos tener algún resultado concreto en los próximos seis meses.

GM: Agrobanco está en una situación delicada. Está próximo a pasar bajo vigilancia de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y no tiene libertad de otorgar mayores créditos. En este momento se presta solo S/5 millones mensuales y es crítico porque en julio viene la campaña más grande de papa y no hay créditos para prestar.

¿Y cómo toma las preocupaciones del Congreso?
GM: Claro que es preocupación de muchos que al ser un órgano adscrito al Minagri pueda caer en el vicio de que se destine fondos a otros intereses. No es cierto porque la idea es que Mi Agro tenga un directorio compuesto por el Minagri, el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). Además, se ha propuesto que quien lo va a acreditar es Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), adicionalmente la Contraloría. Inclusive Oliva (titular del MEF) dejó abierta la posibilidad que se la SBS tenga una forma de acompañamiento. La ley es modificable.

Mi Agro se establece como una empresa estatal, pero también como un fondo... 
LP: No es un fondo, tampoco un banco. Es una empresa pública que está destinada a dar créditos. Tampoco es una financiera. No hace negocio de intermediación financiera. En este caso, Mi Agro no toma depósitos del público, por ello no se necesita la intervención de la SBS.

Ser un banco requiere la inversión de equipos, sistemas y gente, pero no se tiene los recursos. Mi Agro no tendrá provisiones que exige la SBS para no reducir la capacidad de préstamo. Entonces, no es un fondo.

¿Y por qué aparece el Fonafe?
LP: El Fonafe no solamente ve los fondos, es como un holding. El Estado tiene un montón de empresas y Fonafe supervisa a todo el grupo de empresas y tiene que velar por la calidad de estas.

Fonafe está formado por integrantes del equipo del Ejecutivo como el ministro de Economía, el de Agricultura y otros ministros que forman parte del directorio.

¿Y cuál es el rol que podría tener la SBS en Mi Agro?
LP: Hay que tener algo claro, los créditos agrarios no son iguales a los de consumo o a los que se dan en otras industrias. Los ciclos son diferentes. Una campaña agrícola, que dura entre 6 y 7 meses, tiene variables como clima, precio y mercado. La supervisión para el sector agrícola tiene que ser como en el sector pesca, por campaña. Qué pasa si nosotros tenemos en la agricultura a El Niño. No está contemplado dentro de la de los patrones de la superintendencia.

Ministro, usted dijo que el 10% de pequeños productores no tiene acceso real al crédito. ¿Qué mecanismos preparan para facilitarlo?
GM: Una de las condiciones para acceder al crédito es que tengan título de propiedad y hemos previsto llegar a titular a cerca de 400 mil predios en los próximos tres años.

Tenemos un proyecto el PRT III a través de los gobiernos regionales, pero estamos trabajando de manera muy limitada y muchos gobiernos regionales no han estado cumpliendo esta meta ahora. Otra idea es que se presentó el trabajo en asociatividad entre los pequeños productores. La otra es que tenemos que articularlos al mercado (nacional e internacional) a través de Sierra y Selva Exportadora, así como con Agroideas.

¿Y con el tema de la diversificación de producción para que no haya excedentes?
GM: Cuando inició el problema de (precios de) la papa, identificamos al mercado brasilero, donde la calidad era buena. Se está buscando la apertura del mercado. Esta semana estamos gestionando un convenio con el ministerio de Relaciones Exteriores para incorporar agregados agrícolas en el exterior a Europa, Estados Unidos y a Asia. Queremos organizarnos asociativamente porque en esa cadena de producción y de comercialización existe un nivel de intermediarios que son necesarios, pero en esa manipulación existen costos. Queremos que los micro productores se asocien y ellos mismos transformen el producto para que se venda.

¿El Plan Nacional de Cultivos podría estar implementado al 100% en 2019?
GM: Tenemos que identificar cuáles son los productos sensibles primeros papas, arroz y maíz. La papa ya está. Tenemos un proyecto que incorpora la creación de un sistema de información. Para fin de año esperamos tener ya una cartera de productos en cebolla, ajo y demás.

El congresista Federico Pariona (FP) presentó un proyecto de ley que plantea mantener el Agrobanco. ¿Es viable?
GM: Con la ex presidenta estuvimos trabajando en las salidas que tiene porque esta crisis no deviene de hace meses, sino de años. Hubo una inyección de capital y aun así se registraron pérdidas de S/340 millones. Le planteamos al MEF una inversión de S/400 millones, pero no había fondos. También solicitamos a empresas internacionales y no tuvimos una respuesta positiva. Entonces, en estos momentos prácticamente no podemos salvar Agrobanco (con el actual sistema). Por ello es que se deriva una nueva propuesta (Mi Agro).

¿Pero no es una posibilidad que el Congreso rechace la iniciativa?
GM: El punto es llegar a un consenso y dilucidar los puntos críticos. Creo que es bueno que planifiquemos y discutamos los pros y contras de este modelo y si hay que hacer un ajuste yo creo que se pueden hacer modificaciones que vayan en pro de mejorar la gestión de Mi Agro.

También se habló de un incremento en el costo para los productores por el aumento del IGV…
LP: Sí, como no es un banco, cuando uno realiza una actividad, el monto de los intereses que gano está afecto al IGV (Impuesto General a las Ventas), pero Oliva planteó una solución, la del subsidio por parte del Estado, para no trasladar el costo.

Pero eso es a corto plazo, ¿no? Porque en el largo plazo los subsidios no son sostenibles.
LP: Claro, pero anda quita un subsidio. Por eso acá siempre ha sido una política que el negocio de los agricultores sea uno rentable.

GM: Tiene que estar asociado también a un soporte de política del sector porque de nada servirá otorgar un crédito si no vamos a dar las condiciones para desarrollar esa agricultura.

Se decía que uno de los limitantes para acceder a los créditos eran los títulos. Ok, tenemos que resolver el tema de títulos y se va a inyectar recursos para una mayor titulación. Se decía que de nada va servir dar un crédito si voy a hacer lo mismo con una semilla que no es de óptima calidad, y mostramos los resultados de que prácticamente un 11% o 12% usa semillas de calidad y certificadas. Nuestra propuesta, por ejemplo, es otro proyecto de ley para la creación de una autoridad nacional en semillas, como un órgano técnico especializado, porque nosotros tenemos que impulsar el uso de semillas de calidad que mejoren la productividad.

Tenemos que mejorar la asociatividad, tenemos que articularlos al mercado, tenemos que hacer que usen semillas de calidad para poder tener un rendimiento más eficiente y eso va a garantizar que estos créditos sean rentables y sostenibles. Adicionalmente, si le generamos rentabilidad al producto, se van a desarrollar y van a mejorar su calidad de vida. Es una estrategia sectorial y, dentro de esta, uno de los ejes es el financiamiento.

Retirar los subsidios es complicado porque resulta impopular. ¿Pero han evaluado qué rango de tasas podría fijarse en Mi Agro?
LP: Si la idea es cifrar una tasa, en este momento no la podemos fijar porque podemos caer irresponsablemente en una expectativa que todavía no podemos cifrar.

LP: El dinero que se está entregando hoy tiene que ser utilizado eficientemente, y eso quiere decir que tenemos que pagar el dinero por inflación, que va a haber un costo inherente a la administración, al costo de operación, y son costos que vamos a ir reduciendo.

Ahora en promedio se está cobrando 17% anual, que hoy es una tasa competitiva, pero no compite con la necesidad de subsistencia del agricultor que no va a poder pagarte. Pero los agricultores de la costa, ¿cuánto pagan a una caja rural o una caja municipal por un crédito de micro empresa? Están pagando entre 35% y 40%. En este momento, para la agricultura, el precio es relevante pero no es lo primordial. Lo primordial es que tengan dinero para hacerlo.

¿Cuándo podrán evaluar el rango de tasas, luego del debate en el Congreso?
LP: En este momento estamos comenzando. Mientras se den las soluciones esto va caminando.

GM: Estamos trabajando en la regulación. Ahí vamos a definir quién es el pequeño productor y cuál va a ser el límite del crédito individual.

Lo digo porque la legislatura comienza en agosto…
LP: Vamos a tratar de ser más eficientes. Hoy tenemos un piso de 17% y en la medida que comience a funcionar el tema de la cobranza, la morosidad, la reducción en los gastos, indudablemente esto se va a transferir a los precios (intereses de los créditos).

Sobre la extensión de la Ley de Promoción Agraria, el Congreso ya emitió un primer informe. ¿Qué opina el Ejecutivo?
GM: Sí tengo alguna observación respecto a la ampliación (13 años), porque tenemos algunas actividades productivas que demandan un mayor tiempo de ampliación para que tengan la seguridad jurídica para la inversión. Y aquí se tiene al sector frutícola con cultivos permanentes y el sector forestal que eventualmente va a estar incluido.

Si ustedes recuerdan, en la delegación de facultades legislativas se incorpora la actividad forestal y estas inversiones demandan una seguridad de por lo menos más de 20 años, que fue la propuesta inicial. Entonces ahí por lo menos lo vamos a discutir en el Ejecutivo y la parte del Ministerio de Trabajo dirá lo que le compete, pero ahí tenemos una posición.

La vigencia se extendería por 13 años y no 20…
GM: En realidad la actividad frutícola tiene un horizonte mayor a los 10 años, pero la forestal no. Ahí requerimos más de 20 años. Si bien es cierto que el mayor desarrollo lo tenemos en el sector hortícola y frutícola, lo que no se está desarrollando y donde tenemos gran potencial como país respecto a otros como Chile o Ecuador, es en el desarrollo forestal, donde tenemos un 60% de territorio con condiciones para su desarrollo y no lo estamos expresando. Entonces la manera de dar garantías es con esta Ley de Promoción.

¿Cuándo evaluarían el dictamen?
GM: La próxima semana (esta semana) estaremos reuniéndonos para evaluarlo.

¿Han proyectado el crecimiento del sector para el primer semestre?
GM: A lo largo del año esperamos superar el 4%. Hay una recuperación tras la caída del año pasado, asociada a los fenómenos naturales. El desarrollo de las agroexportaciones sigue siendo uno de los principales impulsores y tenemos los cítricos, paltas, arándanos. Sin embargo tenemos que trabajar en la recuperación de otros sectores más sensibles.

¿Como cuáles?
GM: Tenemos los productos de primera necesidad. Todavía nos queda por trabajar. Por eso estamos con esos proyectos integrales para papa, con la planificación de los cultivos. También tenemos productos como ajo y cebolla, porque la cebolla también tuvo una caída del precio muy fuerte.

¿Han ajustado las proyecciones para el valor de exportaciones al cierre del año?
GM: Este año, con el crecimiento gradual que tenemos de un 11% anual, estimamos llegar a los US$7,000 millones de exportación en este año, y lograr al 2021 los US$10,000 millones.

¿Y en el contexto del conflicto comercial entre China y EE.UU. prevén algún impacto indirecto en las agroexportaciones peruanas?
GM: Definitivamente estas son oportunidades comerciales. Nosotros tenemos una gran ventaja. Primero, trabajamos con productos frescos, principalmente en agroexportación. Y, segundo, tenemos una gran ventaja por el hecho de estar posicionados en el hemisferio sur.​