¿Por qué no se debe prohibir la tercerización laboral?

Por Asociación de Contribuyentes

El Congreso dio el primer paso para evitar un duro golpe a la formalidad y el empleo en el país, luego de que la Comisión de Economía aprobara un dictamen del Proyecto de Ley 1726/2021-CR, que deroga el Decreto Supremo N° 001-2022-TR que prohibía la tercerización laboral en “actividades nucleares” de una empresa, medida que fue impulsada por la censurada exministra de Trabajo Betssy Chávez.

Así, el dictamen del proyecto quedó listo para ser debatido y eventualmente aprobado en el pleno del Legislativo, con lo quedaría sin efecto el decreto que, a decir a la titular de la citada comisión, Silvia Monteza, “vulnera la Constitución en la medida que atentan contra los siguientes derechos fundamentales: libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa”.

Pero, además, la restricción a la tercerización iba a significar un duro golpe para todo el mercado laboral formal peruano, que es el que da el trabajo estable y con beneficios, en un contexto en el que casi 1.8 millones de personas pasaron a la informalidad laboral en el país en 2021, según el INEI.

Como muestran los hechos y la evidencia, este mecanismo de contratación, que en Perú está regulado con reglas claras, contribuye a la competitividad de las empresas, porque pueden recurrir a otras que dan servicios altamente calificados o especializados, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos, y mejorar así su productividad.

En plena crisis sanitaria, la tercerización laboral representó una vía para la creación de empleo formal, duramente golpeado por el aislamiento social.

En Perú, las empresas de tercerización en el sector privado emplearon en 2020 a 84,767 trabajadores. Pero esa cifra representa una caída del 37% frente al 2019, cuando el número de trabajadores tercerizados se situó en 133,863. En 2021, subió la cantidad de trabajadores relacionados a actividades tercerizadas, al llegar a 114,060 empleados, según datos a junio de 2021, lo que representa un aumento del 35% frente a 2020, pero un retroceso de 15% respecto a 2019.

Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), la norma del gobierno afectaría directamente a unas 950 empresas de tercerización y a más de 150,000 trabajadores formales, por lo que la magnitud del daño para la economía peruana es considerable. “Si extendemos la mirada a los empleos que se dejarán de crear, el impacto en la cadena de valor de las demás empresas y la caída en la recaudación tributaria, el efecto negativo empieza a tomar protagonismo”, señala un análisis de la Asociación de Contribuyentes.

En general, las empresas de construcción y servicios son las que más utilizaron este mecanismo de contratación, junto con la minería.

Nuevo titular del MTPE, más de lo mismo

El abogado Juan Lira Loayza juró como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en reemplazo de la censurada y cuestionada Betssy Chávez, quien lo recomendó para el cargo. Venía desempeñándose como director General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el MTPE, puesto en el que fue nombrado precisamente por Chávez.

Ambos son cercanos y Lira ya adelantó que insistirá con la llamada Agenda 19 y el Código de Trabajo, por lo que no se espera un cambio de rumbo en un sector que ahora se caracteriza por alentar medidas que desalientan el empleo formal, de espaldas a una realidad que nos debe interpelar: Al cierre de 2021 había 9.5 millones de personas que trabajan en la informalidad. A ello se suma su respaldo a las restricciones a la tercerización, que está a punto de ser derogada en el Congreso. “Esa norma ha sido impulsada por nuestro ministerio y ha sido sugerida por las organizaciones sindicales para que no se aplique la tercerización en la actividad nuclear de la empresa”, dijo Lira.