Dos modificaciones a la Ley de fueron planteadas a través de un proyecto de ley, presentado por el congresista Moisés Guía . Se trata de cambios en los artículos ocho y nueve de la referida norma.

El primero delimita el uso de los recursos transferidos a las comunidades. El otro, amplía el campo de investigación que pueden hacer las universidades nacionales con el dinero que se les transfiera. Así, se incorpora el campo económico-social al científico y tecnológico.

A través del primer planteamiento se busca que los recursos recibidos por las comunidades donde se explota el yacimiento sean usados “exclusivamente en el financiamiento de proyectos de desarrollo agrícola, ganadero, artesanal o productivo de desarrollo sostenible”.

Esta precisión se agregaría al literal A de la ley, que establece que el 20% de la regalía se destine al municipio distrital donde se realiza la actividad extractiva, y que de este monto, la mitad se invierta en las comunidades.

Focalizar la ejecución de tales recursos sería positivo. Así lo sugiere un estudio del que detectó un uso inadecuado de las regalías en la región Apurímac.

Entre junio agosto de 2016 y junio de 2018, la región ejecutó S/266 millones, de los cuales un 22% se destinó a financiar proyectos recreativos, como lozas deportivas, parques o estadios.

Si bien el gerente del IPE, Diego Macera, evitó comentar sobre el proyecto de ley, explicó que “se necesitan sistemas de uso más focalizados”, pues el caso de Apurímac se observa en otras . “Sobre todo a nivel de municipalidades, y básicamente es distrital”, sostuvo, en conversación con Perú21.

“Orientar el uso de regalías al cierre de brechas creo que es la prioridad”, agregó.

El proyecto de ley, que fue presentado el 23 de agosto, fue derivado el martes de la semana pasada a las comisiones de Educación, Juventud y Deporte, y de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

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