(USI)
(USI)

Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Más sectores se pronuncian en contra de que el los activos de en el país. Al igual que la Confiep y la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) aseguró que esa eventual compra contravendría lo que establece la Constitución respecto al rol subsidiario del Estado y sería una "pésima señal" para los inversionistas.

"Es imprescindible mantener la confianza que nuestro país ha ganado para seguir captando la inversión privada necesaria para continuar en la senda del crecimiento", manifestó Eva Arias, presidenta del gremio empresarial.

Asimismo, dijo que lo que necesita el Perú es una política energética coherente de largo plazo que garantice su crecimiento sostenido, y no "un Estado empresario interventor que busque controlar precios y aplicar subsidios indiscriminados que solo generarán más pobreza".

En ese sentido, aseguró que el Reglamento de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú, aprobado el último sábado por el Ejecutivo después de siete años, buscaría viabilizar la compra de la refinería La Pampilla, la red de estaciones de grifos Repsol y una envasadora de gas.

"No comprendemos porqué el Estado quiere intervenir en actividades económicas donde los privados ya invierten y arriesgan capitales. Más bien, sus esfuerzos deben dirigirse a mejorar los servicios de salud, educación, seguridad ciudadana y cerrar la brecha de infraestructura existente en el país, afirmó.

"Los impuestos que pagamos todos los peruanos deben ser invertidos por el Gobierno en la construcción de más escuelas, hospitales, sistemas de agua potable y alcantarillado, que son obras que necesita la población, en vez de destinarlos a inversiones de riesgo", agregó.