Luego de que la Contraloría advirtiera que había más de 2,290 obras públicas paralizadas en todo el territorio nacional, el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), Elías Tapia, señaló que es necesario cambiar el marco regulatorio.
Estos proyectos están relacionados con hospitales, colegios, puentes, carreteras y servicios básicos de agua y desagüe, por lo que el funcionario señaló que es urgente realizar las modificaciones con la finalidad de cerrar la brecha de infraestructura.
Sostuvo que se viene promoviendo dichos cambios, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo, en el marco del proyecto de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado que se viene trabajando en el Congreso de la República.
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Mencionó que entre los problemas que afectan la celeridad en las obras que realiza el sector público, se encuentran los bajos costos de los estudios de preinversión, que genera “estudios deficientes” al permitir ofertas económicas menores al 90%, que llegan, incluso, a bajar hasta el 55%.
El experto en temas de construcción añadió que otro obstáculo es el deficiente sistema de entregables y bajo costo de ejecución contractual de los estudios definitivos, que termina por generar sobrecostos al consultor y demoras de hasta 4 años en la revisión y aprobación del proyecto.
“Mientras en Latinoamérica los estudios definitivos de ingeniería oscilan entre un 3% y 6 % (el mínimo es 3%); en Perú es de 0,51% o 0,85%. Eso, sumado a los bajos costos en estudios de preinversión, acarrea que el proyecto no nazca bien; y que todos los errores se trasladan a la etapa de la ejecución de la obra”, indicó.