En el Perú, la única refinería de petróleo más rentable y mejor gestionada es de propiedad privada. Lo mismo ocurre con los aeropuertos mejor administrados y que ofrecen un mejor servicio: todos han sido concesionados al sector privado. Pese a ello, la bancada de Perú Libre ha presentado un proyecto de ley que busca estatizar los puertos.
Bajo el pretexto de “fortalecer los mecanismos de control en los terminales portuarios a nivel nacional”, la iniciativa plantea que “la infraestructura portuaria no podrá ser entregada en su totalidad al sector privado”. Según el texto, la participación privada solo estaría permitida bajo un esquema de asociación con el Estado, con un límite máximo del 40% en la administración de los puertos.
“El plazo (de la participación privada) es hasta por 10 años, prorrogables por única vez hasta por el mismo plazo, en cualquiera de las modalidades”, indica el proyecto, que ha generado un amplio rechazo por parte de los gremios empresariales.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) afirmó que, con los criterios de esta norma, que “carece de justificación alguna”, no hubiese sido posible desarrollar el puerto de Chancay. Agregó que la iniciativa no considera el impacto positivo que ha tenido la participación privada en la modernización y eficiencia del sistema portuario nacional.
“Gracias a la participación privada, el Perú ha logrado mejoras sustanciales en su sistema portuario: movemos 72% más carga suelta que en 2011, casi el doble de contenedores, se han ejecutado más de US$2,300 millones en inversiones con una proyección de llegar a US$3,500 millones y se han generado 50,000 empleos directos e indirectos”, señaló el gremio.
Por su parte, ComexPerú advirtió que esta iniciativa “no solo representa un grave riesgo para el desarrollo del sistema portuario nacional, sino que amenaza con desmantelar uno de los sectores más eficientes y modernos de nuestra infraestructura logística”.
Más burocracia
Otro aspecto preocupante es que, pese al consenso sobre la necesidad de reducir la carga burocrática en el país, la propuesta legislativa introduce la figura del “fiscalizador portuario”, que podría generar nuevas fricciones para la exportación.
Este funcionario tendría el encargo de identificar “con la mayor exactitud posible y bajo responsabilidad penal” el pesaje e identificación de materias primas, concentrados polimetálicos, no metálicos y metales preciosos. Sin embargo, estas funciones ya son cumplidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas.
Para el exministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, esta norma perjudicaría la competitividad del sector minero, al volver más costoso y engorroso el proceso de exportación debido al incremento de plazos y trabas burocráticas.
El debate del dictamen del proyecto de Perú Libre, que “busca fortalecer los mecanismos de control en los terminales portuarios a nivel nacional”, figura hoy en la agenda de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y podría ser discutido y aprobado en las próximas horas.
TENGA EN CUENTA
- El proyecto de Perú Libre prohíbe la salida de cargamentos en horarios nocturnos desde las 6 p.m. hasta las 6: 00 a.m.
- Si el propósito es combatir la minería ilegal, la norma parte de un diagnóstico equivocado: el problema está en la extracción, no en la exportación.
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