La exministra de Educación, Marilú Martens, expresó su desacuerdo con el predictamen de la Comisión de Educación que propone un proyecto de ley para controlar los precios de las pensiones no solamente en los colegios privados, sino también en los institutos y universidades.
Esta medida se ha dado por las clases virtuales en medio de esta pandemia y por ello mencionan que las casas de estudios deben presentar un informe de rebajas de sus costos ante Indecopi. Si su evaluación es inválida o hacen caso omiso, se les aplicará de manera obligatoria la reducción del 20% de pensión o de cada crédito.
“Esto pondría en riesgo nuestro sistema educativo que hoy ya está frágil. Ningún proyecto de ley debe ir contra la Constitución, que dice que tenemos un modelo económico de mercado y no podemos regular precios”, refirió.
Ante ello, Martens sugirió que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) pueda monitorear a las instituciones de educación superior para que brinden una mejor calidad virtual y sus costos se vean reflejados en los cobros.
“Tienen que tener un reajuste, pero una comunicación abierta con los estudiantes. No creo que, con la pandemia, las buenas universidades y colegios hayan disminuido mucho sus gastos operativos porque han invertido en la educación a distancia en la parte de tecnología y de fortalecimiento de los docentes, así que la Sunedu debe verificar”, indicó.
Agregó que si las universidades cobran igual o más y no dan un buen servicio, Sunedu debería sancionarlos, debido a que su misión no solo es darles licenciamientos.
También recomendó a la Comisión de Educación del Congreso que incluya en su agenda aportes para mejorar la educación rural.
“Los modelos de servicio educativo deben ser inclusivos para personas como, por ejemplo, niños y niñas con discapacidad”, concluyó.