El expresidente de Protransporte durante la gestión de Susana Villarán, Gustavo Guerra García, afirmó hoy que sí podría considerarse la anulación de los contratos por los peajes en Lima, pero existen barreras legales debido a que a las concesiones ya no están a cargo de Odebrecht y OAS.
Como se conoce, el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, anunció en la víspera que evaluará la nulidad de los contratos suscritos durante la gestión de Susana Villarán con Odebrecht y OAS para las concesiones de Rutas de Lima y Línea Amarilla, respectivamente. Esto luego de conocerse que la exalcaldesa recibió aportes por US$10 millones de ambas constructoras para su campaña por el No a la revocatoria y su candidatura a la reelección.
"Se puede anular los peajes, el problema es a qué costo [...] El principal problema es que la tercera administración de Castañeda Lossio autorizó tanto a OAS como a Odebrecht a vender los activos, lo cual fue particularmente extraño porque ya estaba desatado el escándalo de Lava Jato y, por lo tanto, el Perú necesitaba que ningún activo se venda para que cualquier transacción deje reparaciones en el Perú", señaló Guerra García hoy en RPP.
"El problema de la venta [de activos] es un problema concreto porque Jorge Muñoz tiene al frente no a OAS y a Odebrecht, que son los que pueden haber causado los estropicios", agregó.
Tras las declaraciones del alcalde Muñoz, las actuales concesionarias de Rutas de Lima (Brookfield) y Línea Amarilla (Vinci Highways) deslindaron ayer de los actos cometidos por Odebrecht y OAS.
Consultado por su presunta responsabilidad en los problemas suscitados por los peajes de "Línea Amarilla", Guerra García dijo que su culpabilidad es "nula". También señaló que el contrato de "Línea Amarilla" debió suspenderse.
"Lo más sospechoso es la firma del contrato original de OAS porque las inversiones debieron ser US$1,200 millones y Castañeda firmó por US$530 millones. Habían US$670 millones menos. En la gestión de Susana se negocia para tratar de mejorar las condiciones tan desfavorables y se aumentan las inversiones en US$170 (millones)", explicó.
"También se le quita un porcentaje de los ingresos por peaje al concesionario y pasan a la municipalidad. En canje, para mantener el equilibrio financiero, se amplía a 10 años la concesión. En mi opinión, esa adenda estaba equilibrada", añadió.
Finalmente, según Gustavo Guerra García, la adenda no era "mala para la ciudad" y resaltó que, en dicho tema, la mayor parte de los errores son más de Luis Castañeda que de Susana Villarán.