Tras evaluar los contratos de concesión de infraestructura vial (peajes), Indecopi le sugirió a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que incorpore cláusulas de protección a los consumidores, a fin de que los ciudadanos tengan la posibilidad de realizar reclamos.
Después de revisar los contratos celebrados entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la MML con las empresas concesionarias, Indecopi determinó que en los de la Municipalidad de Lima no se estipulaban mecanismos de gestión y atención rápida de los consumidores, ni tampoco el uso de libros de reclamaciones.
Para que esto se pueda regular, la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor ha puesto a disposición de la municipalidad apoyo técnico y asesoría para la elaboración de los contratos de infraestructura vial, a través de adendas.
Estas observaciones son parte de una serie de actividades que vienen realizando las instituciones estatales a causa de la problemática de los peajes que afectan a la ciudadanía en distintos puntos de la capital.Siguiendo con las revisiones de los contratos de concesión, el ente fiscalizador encontró que los celebrados por el MTC sí tienen cláusulas claras con respecto a las obligaciones que tienen las empresas concesionarias con los usuarios de las obras viales.
El 5 de enero, un grupo de ciudadanos de Puente Piedra se enfrentaron a las autoridades para alzar su voz en contra del peaje Chillón en el sentido de norte-sur. La Municipalidad retiró el peaje.Días después, el 9 de enero, vecinos de La Molina protestaron en contra del peaje ubicado en Separadora Industrial, alegando que este genera tráfico en las avenidas aledañas por el tránsito de vehículos pesados que se desvían para no pagar. El 7 de mayo el precio del mismo subió de S/5.00 a S/5.30, lo que los usuarios consideraron injustificado, debido al tráfico antes mencionado. Cabe recordar que la tarifa habría subido tres veces, la primera vez en 2013 (de S/3.00 a S/4.00), en 2014 subió a S/4.50 y en 2016 a S/5.00.
En enero, tras los reclamos de los vecinos de Puente Piedra, el alcalde de Lima, Luis Castañeda, sugirió exonerar del IGV al cobro de peajes para evitar los conflictos sociales.
Asimismo, en el mismo mes, la Contraloría General de la República denunció irregularidades en las concesiones de las infraestructuras viales.
El contrato con la concesionaria Rutas de Lima es hasta el año 2041 y, según el Capítulo IX, cada año podría subir el precio del peaje aproximadamente en v4%.