El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) señaló que la alerta emitida por la Contraloría sobre el contrato de concesión de IIRSA Norte no tomó en cuenta la información alcanzada por el regulador.
La Contraloría General de la República (CGR), emitió el Informe de Hito de Control N° 4321-2022-CG/APP-SCC, orientado a la verificación del cumplimiento de la supervisión de las actividades de conservación y del cumplimiento de los niveles de servicio en el Tramo 2: Tarapoto-Rioja, en el que señala, como situación adversa, que el Ositran viene otorgando al concesionario plazos mayores a los establecidos en el contrato de concesión para subsanar los parámetros de condición insuficiente (PCI) detectados.
Asimismo, el órgano de control sostiene que ha advertido información inconsistente en los informes de supervisión del supervisor in situ respecto de los defectos reparados por el concesionario, afectando la oportuna restitución de niveles de servicio.
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No obstante, el Ositran señala que los plazos otorgados para la subsanación de los PCI guardan relación con lo establecido en el Anexo 1 de la adenda 1 del contrato de concesión. Además, brindó la información solicitada por la Contraloría, con la que se evidencia que se actuó conforme a lo previsto en el contrato de concesión y sus adendas.
Dicho esto, el regulador informa a la ciudadanía que se ha supervisado que el concesionario IIRSA Norte cumpla con los niveles de servicio exigidos, y se ha respectado el procedimiento establecido en el contrato de la carretera IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas y las respectivas adendas.
Del mismo modo, Ositran informa que no se han afectado los niveles de servicio, ni la transitabilidad de la vía y que el concesionario ha cumplido con subsanar los PCI dentro de los plazos establecidos en el contrato de concesión.
Finalmente, el organismo comunica a la ciudadanía que continuará supervisando el adecuado y oportuno cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, inversionistas y usuarios, de conformidad con el marco normativo vigente.