Las propuestas legislativas respecto a dar beneficios o devoluciones de aportes a los más de 4.7 millones de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones mediante la ONP fueron consensuadas –sin un sustento técnico claro– entre varias comisiones del Congreso que llevaron al Pleno un texto sustitutorio único.
El texto fue aprobado con 106 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones. Además, fue exonerado de segunda votación.
El documento reflejó el acuerdo de las comisiones de Economía, Defensa del Consumidor, Presupuesto y Trabajo. El nuevo dictamen establece el retiro de hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir S/4,300, para los aportantes que aún no han alcanzado una pensión.
Así, la norma creará un régimen para la entrega del pago (por hasta S/4,300) “de manera excepcional y por única vez” a los afiliados activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990.
La iniciativa también establece que quienes no han logrado obtener una pensión pese a tener 65 años o más tendrán derecho al retorno de todos sus aportes.
Adicionalmente, la ONP entregará el equivalente a una remuneración mínima vital (S/930) a cada pensionista que esté bajo la Ley 19990.
La mayoría de agrupaciones parlamentarias se mostraron a favor de su aprobación, excepto el Partido Morado, que presentó votos a favor y en contra.
Prueba de ello es que en el debate, el congresista Alberto de Belaunde criticó la norma y resaltó que la aprobación podría interrumpir la disciplina financiera que el país ha logrado sostener en favor de la economía y el empleo. Asimismo, explicó que la iniciativa carece de sentido técnico, pues la ONP consiste en un sistema de contribución solidaria.
“El aporte de un trabajador hoy permite financiar la pensión que reciben hoy los jubilados. Es como si pidiéramos que se devuelvan los aportes a Essalud a los trabajadores que no han usado el servicio. No se puede, porque ese es el (dinero) que permite que funcione hoy dicho sistema”, aseveró.
Posible alternativa
La medida, que de ser aprobada será enviada al Ejecutivo para su promulgación u observación, también generó preocupación entre los economistas, tanto por su carácter antitécnico como por ser una iniciativa de gasto que no corresponde al Legislativo.
Entre ellos, se encuentra el exjefe de la SBS, Juan José Marthans, quien explica que sería más sensato establecer la entrega de un bono en lugar de hablar de devoluciones.
“La mejor alternativa es la emisión de un bono acotado a un segmento de los aportantes, inclusive de los pensionistas, sujeto a la disponibilidad del tesoro público. Cualquier otra alternativa que comprometa devoluciones es imposible de ejecutar. Lamentablemente, esos recursos (los aportes) ya han sido usados para cubrir pensiones de los jubilados”, comentó.
Remarcó que existe un interés político en la medida y que esta representa una iniciativa de gasto. Por ello, consideró que el Ejecutivo debería observarla. El premier Walter Martos, adelantó, en efecto, que la ley sería observada.