Infraestructura en telecomunicaciones. (Foto: MTC)
Infraestructura en telecomunicaciones. (Foto: MTC)

El alista una nueva metodología para la renovación de los contratos de concesión de los servicios de telecomunicaciones con el que se busca reducir la brecha digital a través del despliegue de infraestructura.

La propuesta del sector otorgará la posibilidad de extender el plazo de los contratos de concesión en función al aumento de la inversión en infraestructura por parte de las operadores.

La normativa está pensada en la inversión privada, lo que se debe traducir en la expansión de servicios. Por ello, a mayor inversión, mayor puntaje para una posible renovación del contrato de las empresas”, afirmó José Aguilar, director general de Políticas y Regulación en Comunicaciones.

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La metodología propuesta regula un mecanismo excepcional de compensación que permite que las empresas concesionarias puedan reducir un año de la penalidad previamente calculada como resultado de las sanciones impuestas en su periodo contractual.

De esta manera, los contratos de concesión tendrán un menor o mayor plazo, dependiendo no solo del fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada contrato, sino de la inversión adicional en infraestructura que cada empresa logre acreditar.

La decisión de ampliación estará sujeta a una evaluación caso por caso y dependerá de que la empresa haya generado mayores beneficios hacia los ciudadanos, especialmente en zonas rurales y que aún no cuenten con los servicios de telecomunicaciones.

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A través de este mecanismo innovador, se propiciará que las empresas compitan entre ellas para brindar mayor inversión y ventajas a los usuarios, obteniendo con ello mayor plazo de concesión. La metodología para la renovación de concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones se actualiza después de una década, lo cual es necesario en vista del ingreso de nuevos servicios y tecnologías”, sostuvo Aguilar.

También se considerará al momento de evaluar la renovación de contrato que la información de los usuarios que las empresas almacenan en sus servidores no sean tratados de forma indebida o sin la autorización de los clientes.

La propuesta normativa estará disponible, por un plazo de 15 días calendario para que los operadores de telecomunicaciones, entidades públicas, la academia, y la ciudadanía en general, remitan sus sugerencias u observaciones, según publicada este viernes.

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