Si debilitas a la empresa, debilitas al trabajador

Por Asociación de Contribuyentes

Una buena ley o norma trata de reducir la desigualdad de poder entre el empleador y el empleado. Es evidente que ambos deben buscar el beneficio mutuo. Si el empleado está feliz, será más productivo para la empresa. Si la empresa es respetada por el empleado, podrá crecer trayendo beneficios para todos.

Sin embargo, cuando un gobierno inclina la cancha a uno u otro lado, comete un grave error, dado que lo único que logra es afectar a ambas partes. Si las normas debilitan a la empresa, la empresa tendrá más cuidado en contratar trabajadores, o intentará reducirles los beneficios suponiendo que luego querrán “chantajearla” con reclamos y quejas.

El Gobierno acaba de cometer este error, pero no es involuntario, es un “error” muy voluntario que responde a un plan perfectamente desplegado desde el inicio del gobierno de Castillo. A través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), publicó el Decreto Supremo 014-2022-TR que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿En qué consiste esta modificación?

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Ahora los trabajadores que se van a huelga no pueden ser reemplazados, dejando a la empresa paralizada. Con el nuevo decreto, las huelgas pueden ser aprobadas en 3 días, y las razones para organizar una ahora son más. Los trabajadores independientes de una empresa o aquellos tercerizados pueden sumarse a la huelga, aunque no sean parte de ningún sindicato. Y las negociaciones colectivas se vuelven más difíciles para las empresas al multiplicarse las razones por las cuales un sindicato puede obligar a la empresa a entrar en una.

En un país con tanta informalidad y con tantos líderes civiles que buscan destruir la inversión privada, este decreto no favorecerá a los trabajadores, sino a aquellos que quieran hacer política, dinero o generar conflictos. Además, según varios especialistas, el decreto sería ilegal e inconstitucional dado que estaría contraviniendo la ley de negociaciones colectivas actual y no fue debatido en el Consejo Nacional del Trabajo.

Esta medida, al igual que el nuevo código de trabajo y las restricciones a la tercerización laboral, es parte de la cuestionada “Agenda 19″, propuesta del exministro de Trabajo Íber Maraví, reforzada por su sucesora Betssy Chávez y continuada por el actual titular del sector, Juan Lira. Casi todos los especialistas concluyen que solo traerá más informalidad, despidos, desempleo y ahuyentará la inversión privada, la única que puede generar trabajo estable, sólido y digno.

La agenda contra el trabajo

Son tres las estrategias que el Ministerio de Trabajo viene despliega supuestamente para favorecer al empleado pero que en realidad destruirán su seguridad laboral. El último decreto 014-2022 modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas es solo una de las tres.

Gracias a este, las huelgas podrán organizarse por casi cualquier motivo y se aprobarán en 3 días, ningún trabajador huelguista podrá ser reemplazado, y trabajadores independientes podrán unirse a un sindicato.

La segunda estrategia golpeó la tercerización, prohibiéndola para actividades que no necesariamente son nucleares en una empresa, entrometiéndose directamente en la actividad privada y poniendo en riesgo a más de 100 mil peruanos.

Finalmente, la última estrategia consiste en presentar un “nuevo” código laboral que restringe contratos temporales, encarece los despedidos, entre otras cosas, generando seguramente muchísima más informalidad y trabajo precario.

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