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Ministro Bruno Giuffra: “Debemos defender la recaudación”

La Sunat precisó que entre 2010 y 2015 dejó de percibir cerca de US$1,341 millones de aerolínea Latam.

Bruno Giuffra

Ministro Bruno Giuffra: “Debemos defender la recaudación”. (USI)

Ministro Bruno Giuffra: “Debemos defender la recaudación”. (USI)

USI

Mariana Ruiz
Mariana Ruiz

El titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra, se sumó ayer a las críticas contra el proyecto de ley aprobado sobre exoneración de impuestos a las empresas aeronáuticas y dijo que afectaría la caja fiscal.

“Se están haciendo esfuerzos muy importantes para recuperar las recaudaciones. En ese sentido, no veo oportuna una exoneración de esta naturaleza”, indicó.

“En estos momentos estamos en una situación difícil en términos de recaudación, independientemente si en el pasado funcionó (la ley)”, añadió.
Aunque aún falta que el proyecto sea sometido a segunda votación en el Pleno, Giuffra no precisó si el Gobierno observará la ley en caso pase este segundo filtro. En tanto, diversos congresistas se pronunciaron en contra, entre ellos Marisa Glave (NP), quien la llamó ‘Ley Latam’, pues asegura que esta empresa es la mayor beneficiaria.

Descargo de latam

La compañía aeronáutica aclaró que no está detrás del proyecto de ley y rechazó que se vaya a beneficiar con la exoneración. “El modelo no ha sido aplicado por nosotros en los más de 18 años de operación”, afirmaron.

Sin embargo, Gustavo Romero, superintendente de Gestión y Control Aduanero de la Sunat, informó que, entre 2010 y 2015, la compañía dejó de declarar US$1,341’452,468, utilizando el régimen de admisión temporal bajo la Ley 29624, cuyos beneficios se pretenden ahora restablecer.

Karla Schaefer (FP), autora del proyecto, dijo que la nueva ley solo será para las pequeñas y medianas empresas (excluyendo a Latam).

Perú21 se trató de comunicar con Antonio Olórtegui, gerente de Asuntos Corporativos de Latam, pero no obtuvimos respuesta.

Dato

Según la Sunat, otras 65 empresas aeronáuticas se acogieron a la Ley 29624, lo que le costó al Estado US$1,767’529,430, entre 2010 y 2015 en que estuvo en vigencia.

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