El último miércoles por la noche, y mientras muchos están preocupados por el Rolex de la presidenta Dina Boluarte, o el partido de la selección peruana, se promulgó la derogatoria del decreto legislativo 1607 que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal.
La ley tiene la firma de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
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Recientemente, diversos gremios empresariales enviaron un comunicado rechazando la decisión del Congreso de derogar dicho decreto porque significaba un retroceso en la lucha contra la criminalidad.
“Lamentamos que la medida adoptada por el Parlamento represente un retroceso en la lucha contra la que es hoy la primera economía criminal en el Perú, que es la minería ilegal, superando al narcotráfico”, manifestaron.
Exfuncionarios como Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, consideraron en su momento que el Ejecutivo debía observar la iniciativa del Congreso y plantear una alternativa. Pero no fue así.
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