Por medio de dos decretos legislativos, el Poder Ejecutivo anunció ocho modificaciones al marco normativo del mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) y cinco en el de las (OxI).

De acuerdo con Gabriel Daly, director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del (MEF), esto permitiría asegurar que las obras se ejecuten en los plazos establecidos.

Queremos garantizar que los proyectos se ejecuten dentro de sus cronogramas y que no sean sujetos a incrementos en montos de inversión”, dijo. 

Entre los principales cambios para ese mecanismo público privado, están la unificación de normas y el retorno de competencias de Proinversión al MEF, que quedaría a cargo de establecer políticas y otros lineamientos.

También se reorganizaría el Consejo Directivo de , que limitará sus cinco plazas a representantes del Estado, eliminando el único cupo para el sector privado.

A esto se suma el “diálogo competitivo”, un mecanismo que permitiría que las firmas participen en la formulación y realización de proyectos complejos.

Otra disposición para el marco normativo de las APP será la implementación de disuasivos con el objetivo de evitar la paralización de proyectos. Además, en cada ocasión que varios sectores se interesen en un proyecto, estos podrán suscribir un convenio para identificar al concedente.

Obras por impuestos
En este caso, el Gobierno estableció la posibilidad de que los proyectos los haga también el Estado.

Otro cambio es la variación en los costos de las obras. Así, en caso de que estén en ejecución y tengan expediente técnico aprobado, estos no podrán aumentar más del 30% del monto inicial. De no tener expediente, el límite subirá a 50%.

Con los cambios establecidos, el mecanismo de OxI también podrá emplearse en cuatro nuevos sectores.

Las obras a realizar son: puentes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), convenios con EPS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), edificación de Centros de Innovación Tecnológica (Ministerio de la Producción) y la creación de centros de Mejor Atención al Ciudadano (Presidencia del Consejo de Ministros).

A esto se suma que las empresas privadas también podrían actualizar los proyectos con cargo a su Certificado de Inversión Pública Regional y Local.