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Línea 1 del Metro de Lima generó un perjuicio de US$ 20 millones al Estado peruano

El informe de Contraloría comprende una investigación de las etapas del segundo tramo, que inició días antes del fin del segundo gobierno del Alan García.

Metro de Lima

La obra Línea 1 del Metro de Lima se encuentra bajo la lupa por el caso Odebrecht. (Foto: Andina)

La obra Línea 1 del Metro de Lima se encuentra bajo la lupa por el caso Odebrecht. (Foto: Andina)

La obra Línea 1 del Metro de Lima se encuentra bajo la lupa por el caso Odebrecht. (Foto: Andina)

Redacción Redacción

La licitación y ejecución del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima ocasionó al Estado un perjuicio de al menos US$ 20.6 millones, según las primeras conclusiones de un informe de auditoría de la Contraloría General.

Según publicó hoy El Comercio, este informe comprende una investigación de todas las etapas del segundo tramo que recorre 12.4 kilómetros de Lima, y que inició días antes del fin del segundo gobierno del Alan García.

Entonces, el Consorcio Tren Eléctrico, formado por Odebrecht y Graña y Montero, firmó un contrato como ganador de la licitación.

Precisamente Alan García es actualmente investigado por el Ministerio Público en el marco del caso Odebrecht, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada. Tiene una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.

El consorcio firmó un contrato como ganador de la licitación para elaborar el expediente técnico final y construir el tramo 2, que conectaría el Centro de Lima con San Juan de Lurigancho.

El informe de la Contraloría señala que este resultó "favorecido (pese a que) incumplió con lo estipulado en las bases. No presentó análisis de gastos generales, transgredió el derecho de vías" y "no cumplió con las exploraciones a la profundidad mínima exigible".

Motivo por el cual el consorcio pudo cambiar la solución técnica, modificar el trazo inicial propuesto, y gracias a ello incrementar el monto de obra de US$ 583.4 millones a US$ 900.6 millones, y que fue liquidado en US$ 885.1 millones.

Entre los 14 funcionarios responsables, según la Contraloría, se cuentan a Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), quien además fue asesor del despacho presidencial de García y del despacho del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.

Según la investigación, las irregularidades de la obra se dieron desde la etapa previa del proyecto. En septiembre de 2010 se firmó un contrato para elaborar el expediente técnico preliminar, base de la licitación, y que tenía previsto se ejecutara en apenas 30 días "pese a la complejidad". Aunque fue "deficiente", se le pagó US$ 294,383 a la empresa Dessau International.

El contrato pudo ser firmado luego de que en mayo de 2010, el proyecto del metro de Lima fuera exceptuado de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Esto gracias a un decreto del 2010 firmado por García y sus entonces ministros Mercedes Araoz (Economía) y Cornejo.

La norma señala que "la realización de los estudio de preinversión demoraría un tiempo estimado de 3 a 4 años".

La Contraloría también encontró que el comité especial que determinaría al ganador de la licitación elaboró las bases con "inconsistencias" y que ocasionó que se "limite la libre competencia".

En el caso de la supervisión, el ente de control halló que la empresa Cesel, encargada de la supervisión, solicitó que se ampliara su servicio en 235 días debido a los cambios en la etapa de ejecución del proyecto.

Para ello, se requirió un presupuesto adicional de US$ 5.6 millones, del presupuesto inicial de US$ 26.7 millones.

Durante la ejecución de la obra, que se desarrolló durante el gobierno de Ollanta Humala, también se hallaron irregularidades como "pagos por concepto de adelanto directo por US$ 116.6 millones", pedido que fue aprobado pese a que superaba la suma máxima de pago.

García calificó en su cuenta de Twitter de "absurdo" la versión del diario y señaló que "intentan" relacionarlo con "una obra posterior" a su gobierno.

En tanto, la actual vicepresidenta Mercedes Araoz señaló, sobre la ley de exoneración del SNIP del proyecto, que se "tomó una decisión política y legal", porque la realización de la obra fue una "promesa presidencial".

Agencia EFE

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