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La falta de servicios públicos desincentiva la inversión privada
Señalan que es necesario apoyar la formación de socios estratégicos para habilitar la transición energética.
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El 25 de abril, el asesor económico de la región Andina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Osmel Manzano, la exministra de la Producción Elena Conterno, el gerente general de Fénix, Juan Miguel Cayo, y el socio fundador de Intelfin, Carlos E. Paredes, conversaron sobre las oportunidades en torno a la transformación productiva en la región Andina y los retos que enfrenta Perú para habilitarla. El debate se llevó a cabo en un evento presencial organizado por el diario Perú21, la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental e Intelfin Estudios & Consultoría, el cual contó con invitados expertos de diversos sectores productivos y que fue difundido en vivo a través de sus redes sociales.
NUEVOS HORIZONTES
Osmel Manzano inició el debate con la presentación de un reciente informe del BID que resalta la necesidad de contar con una estrategia de diversificación en la región Andina para afrontar los cambios estructurales que ocurrirán globalmente debido a la digitalización y descarbonización en varias industrias. En el caso peruano, se necesita contar con una senda de desarrollo sostenible que permita enfrentar eventos climáticos más fuertes y frecuentes debido a la alta dependencia de los recursos naturales.
El BID plantea propuestas a las problemáticas de cuatro sectores claves en la región Andina. En primer lugar, el sector agrícola requiere de mayor provisión de infraestructura y agilidad en la gestión estatal para tener una producción resiliente. Complementariamente, la integración regional habilitaría una mayor productividad en las empresas, por lo que se debe trabajar en la misma, empezando por la armonización de reglas para facilitar los negocios.
Además, el rubro de servicios puede beneficiarse de los avances digitales y las facilidades del trabajo remoto, por lo que se deben reducir las trabas para la exportación de servicios al igual que mejorar la recopilación de indicadores para este sector. Finalmente, el extractivo, se puede emplear instrumentos fiscales para mitigar la conflictividad social, mejorar el impacto económico sobre las comunidades locales y reducir el impacto ambiental.
Oportunidades y riesgos
Tras la presentación, los panelistas reflexionaron con respecto a las limitaciones del Estado para materializar la transformación productiva. Elena Conterno reiteró que el Perú cuenta con varias fortalezas que generan un entorno apropiado para habilitar la transformación productiva: la estabilidad macroeconómica, las políticas de apertura comercial y la inversión privada en infraestructura. Aun así, la alta incertidumbre política, la creciente burocracia administrativa y la ausencia de servicios públicos de calidad podrían desincentivar la inversión del sector privado en la transformación productiva. Resulta indispensable plantear soluciones específicas a los sectores para generar más empleos, tributos y rentas.
Juan Miguel Cayo, por su parte, enfatizó la aceleración en la transición de la matriz energética en el mundo. Informes internacionales muestran que la inversión en activos eólicos y solares en 2022 fue mayor que la inversión en pozos nuevos y existentes de petróleo. Esto es consecuencia de que es cada vez más recurrente que en el sector minero se soliciten contratos de largo plazo para el suministro de energía de fuentes renovables. Por lo tanto, resulta indispensable apoyar la formación de socios estratégicos para habilitar la transición energética a partir de buenas políticas públicas. No obstante, en el Perú los funcionarios públicos no cuentan con las capacidades técnicas para establecer un marco normativo con incentivos económicos apropiados, lo cual dificulta que se pueda replicar los beneficios observados en el sector extractivo.
En tanto, Carlos E. Paredes enfatizó la importancia del rol estatal y sus acciones para habilitar o entorpecer la transformación productiva. La actividad productiva se encuentra en constante adaptación y hay poca certeza sobre los avances futuros que ocurrirán en dichos sectores.
Por lo tanto, el Estado debería enfocarse en asegurar un contexto de estabilidad en el país para maniobrar exitosamente potenciales cambios imprevistos; mientras que el sector privado debería realizar inversiones de acuerdo con sus propias investigaciones sobre la productividad de los sectores. No obstante, señaló que cuando el Estado toma decisiones empresariales con la intención de mejorar el bienestar, se entorpece el desarrollo económico del país y termina debilitando al ente público y al privado, generando incentivos para la aparición de ineficiencias, retroceso e incluso corrupción.
DATOS
Juan Miguel Cayo señaló que persiste una brecha significativa entre Lima y el resto del país en términos de accesos a servicios básicos, atracción de inversiones y calidad de educación y salud.
Por lo tanto, consideró que es necesario que las instituciones públicas deban atender la diversificación en las regiones del país para fomentar el crecimiento de la región.
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