Por Asociación de Contribuyentes
El 2022 arrancó y con ello la discusión sobre las necesarias reformas laborales y tributarias que urgen en el Estado. Así, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) busca marcar la agenda en este tema. Su titular, Betssy Chávez, enfatizó que, en lo tributario, la prioridad será hacer atractiva la formalización, pero el Estado debe ser el primero en ser evaluado, pues el 40% de sus proveedores son informales y no registran trabajadores en planilla. Además, hay que generar incentivos para que las empresas contraten personal joven y, a la vez, capacitar a las micro y pequeñas empresas (mypes).
Pero llama la atención que mientras la ministra habla de flexibilizar de nuestro regresivo sistema tributario, en lo laboral apunte a un aumento del sueldo mínimo, cuando el mayor problema es que las mypes, que en su mayoría operan en la informalidad, no crecen por los altos costos laborales, administrativos y tributarios que deben asumir al hacerlo.
Sin crecimiento, ocurre lo de estos dos años: más subempleo e informalidad.
La creación de empleos adecuados se estancó en la segunda mitad de 2021. Con datos disponibles a nivel nacional a setiembre de 2021, se ve que aún quedan por recuperar más de 600 mil puestos de trabajos formales (20% menos que en 2019).
Si bien se recuperaron alrededor de 1.6 millones de empleos, los niveles de subempleo crecieron. Hoy 8 millones de personas en Perú trabajan menos de 35 horas a la semana, pues su empleador no puede ofrecerles más horas, o laboran más de 35 horas semanales, pero con un sueldo mejor al mínimo referencial. Los niveles de subempleo pasaron del 38% del total de trabajadores en 2019 a un 50% del total de trabajadores en 2021.
Los sueldos aún no alcanzan los niveles prepandemia. En promedio, los ingresos de la población ocupada son un 10% menos que en 2019. Solo en Lima hay más de 2.2 millones de personas subempleadas. Lo que antes era una alternativa temporal para reducir la angustia de no tener empleo hoy constituye la principal alternativa y fuente de ingreso de la mitad de los trabajadores del país.
La primera propuesta en materia laboral sería aumentar la remuneración mínima vital (RMV) en el recién reactivado Consejo Nacional de Trabajo.
Especialistas señalan que esta propuesta no tendría el impacto esperado, pues apenas el 2% del total de trabajadores formales en el Perú recibe un sueldo alrededor del mínimo (S/930), lo que equivale a 300 mil empleados. Al contrario, desincentiva la formalidad.
Según estudios realizados por el BCR sobre el mercado laboral peruano, un aumento del 10% de la RMV generaría una caída de 2.5% del empleo formal. Afectaría sobre todo a los trabajadores de bajos ingresos y de pequeñas empresas. Esto implicaría que unos 85 mil trabajadores pasarían al sector informal.
Es importante estar atentos al tipo de medidas que buscan implementar, pues el exceso de regulación genera un sobrecosto externo. Sobrecosto que en este caso asume el sector productivo privado, empresas micro, pequeñas, medianas o grandes, lo que reduce su posibilidad de crecer.
Para Lucero Martínez, economista de la Asociación de Contribuyentes, la política de remuneración mínima en nuestro país constituye una barrera para la formalización de las personas más vulnerables y no ataca el problema de subempleo, por lo que el debate debe ir más allá de la discusión del salario mínimo.
“El foco debería estar en medidas que incentiven la productividad no solo de los trabajadores, sino también de las actividades económicas. Así aprovechamos el potencial para tener procesos productivos de calidad, mejores productos y trabajadores calificados”, apuntó.