La venta de Telefónica del Perú (TdP), polémica por el valor de la operación, que apenas alcanzó el millón de dólares, ha generado una indignación profunda en los acreedores. La molestia se intensificó tras la decisión de los nuevos propietarios de modificar la solicitud de procedimiento concursal, optando por un régimen que restringe las capacidades de los acreedores para negociar el pago de sus acreencias. Entre los principales afectados están las AFP y con ellas están en juego los fondos de pensiones de más de 9.9 millones de afiliados.
Adrián Simons, representante legal de los acreedores, afirmó a Perú21 que presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial para que se deje sin efecto el proceso de venta de TdP por parte de Telefónica Hispanoamérica a Integra Tec. Uno de los argumentos de Simons es que “la operación se produjo a un precio ínfimo y de forma irregular, y representa un abuso del derecho a transferir acciones”.
Precisó, además, que el comprador, Integra Tec, fue constituido un mes antes de la transacción en Panamá, un paraíso fiscal, con un capital de US$10,000, y no cuenta con la experiencia ni con el capital suficiente para reflotar la empresa de telecomunicaciones.
La referida demanda de amparo fue admitida a trámite por el Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima, con lo cual será un juez el que decidirá si la venta de la empresa de telecomunicaciones fue legal. Ni la Superintendencia del Mercado de Valores, ni el Indecopi, ni Osiptel se han manifestado sobre la operación.
TdP no respondió a nuestra solicitud de entrevista para obtener sus descargos.
¿Casualidad?
Simons precisó que la falta de transparencia de la operación se puede corroborar con las fechas en que TdP informó al mercado sobre la venta de la compañía y la modificación de solicitud de procedimiento concursal.
En febrero de este año, TdP presentó una solicitud para un procedimiento concursal ordinario. Este es aplicable a aquellas empresas inmersas en una situación de crisis financiera, es decir, en una condición de insolvencia. En el marco de este procedimiento, la junta de acreedores puede optar por evaluar la viabilidad de cobro de sus créditos, mediante la reestructuración patrimonial del deudor o, caso contrario, aprobar la liquidación de la empresa.
Sin embargo, en pleno trámite, el 13 de abril, Domingo de Ramos, Telefónica Hispanoamérica anuncia la venta de TdP; y el 30 de abril, un día antes del feriado por el Día del Trabajador, el nuevo dueño modificó la solicitud de procedimiento concursal ante Indecopi a un procedimiento concursal preventivo, aplicable para empresas con problema de liquidez, pero no insolventes. En este marco, la empresa negocia con los acreedores la refinanciación de los pasivos y estos solo pueden limitarse a aceptar o negarse.
Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, precisa que en el procedimiento concursal preventivo la empresa negocia con los acreedores y les puede decir: “Te pago el x% ahora y el resto en 20 años; mientras que en el procedimiento ordinario son los acreedores los que deciden el futuro de la empresa”.
De ahí que los fondos de pensiones de 9.9 millones de afiliados podrían verse afectados.
DATO
Telefónica Hispanoamérica no habría respetado la cláusula de cambio de control, que es el derecho del prestamista a poner fin a su compromiso o la exigencia del reembolso inmediato de la financiación en caso de un cambio de control no autorizado.
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