Tras un proceso constitucional de cumplimiento, el Poder Judicial ordenó al Ejecutivo, a través de resolución judicial, la elaboración de un nuevo reglamento de la Ley 28024, conocida como "Ley del lobby", en un plazo de 10 días, informó hoy la Fiscalía de la Nación.
La resolución fue obtenida por el fiscal provincial, Luis Jesús Aguirre Naupari, de la Quinta Fiscalía Provincial Civil de Lima, ante el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima.
La disposición se sustenta en que la omisión en reglamentar dicha ley, que regula la gestión de intereses en la administración pública, constituye una condición directa que propicia la corrupción.
Además se señala que debido a los vacíos y la falta de regulaciones genéricas propias de toda ley, los particulares y funcionarios seguirían incurriendo en los delitos de tráfico de influencias, así como en infracciones administrativas y penales.
A su vez, se debe tener presente la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Expediente Nº 019-2005-PI/TC, donde se hace referencia al Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
“La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”, señaló el fiscal Aguirre Naupari.