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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

No sorprende que la mayoría de las cincuenta entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento (EPS) tengan indicadores de gestión deficientes. La mala calidad de sus servicios se debe –en parte– a la incapacidad que tienen de generar recursos y reinvertirlos en mejorar la infraestructura, situación que explica el incremento de su endeudamiento promedio de 80% a 145% en los últimos cinco años.

En este contexto, a seis meses de aprobarse la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (D. Leg. 1280), se inició la priorización de las EPS que se someterán al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) a cargo del Otass, y que tiene como objetivo darles sostenibilidad financiera y mejorar su gestión.

Hasta ahora se han transferido S/94 millones a las ocho EPS que adoptaron este régimen. Los recursos servirán para (i) mantenimiento de infraestructura, (ii) renovar micromedidores, (iii) mejorar procesos operativos y (iv) capacitar al personal. No obstante, es sensato esperar que no todos los gestores actuales de las EPS acepten de buena gana someterse al RAT y abandonen su cargo. De hecho, hay algunos casos de insubordinación.

Por ejemplo, el Otass se vio obligado a denunciar penalmente al ex gerente general de la EPS de Huaral (Emapa), Wilfredo Castro, por resistirse a dejar el cargo y ejercer funciones de manera ilegal. De igual manera, la junta de accionistas de la EPS de Lambayeque (Epsel) amenazó con presentar una acción de amparo contra el Otass; rechazando la imposición del RAT por ser –supuestamente– una decisión vertical e inconstitucional.

Es importante considerar que se pretende reformar un sector muy sensible en un contexto de inestabilidad política y bajo crecimiento. Por ello, es importante que el Poder Judicial actúe severamente contra todo funcionario que, por amarrarse a un puesto, impida que se implemente dicha reforma y genere ruido político.