La Ley de Libre Competencia califica las conductas anticompetitivas de colusión y concertación de precios como una infracción “muy grave”. Alfredo Bullard, ex presidente del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), estima que el monto de la sanción para estos casos es “hasta 12% de las ventas de la empresa en el año en que se impone la sanción”, manifestó.
La semana pasada, la ministra de Salud, Silvia Pessah, manifestó a El Comercio que cuatro empresas supuestamente concertaron sus precios en medicamentos para los procesos de licitación estatal. La ministra detalló que las medicinas involucradas están relacionadas con la cura de enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, y antiparkinsonianos.
Ante la denuncia pública, el Indecopi incorporó el caso en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, donde realizarán una investigación preliminar. De corroborarse la existencia de indicios de una conducta anticompetitiva, se iniciará el proceso administrativo sancionador. El organismo tendrá hasta 90 días para evaluar si las acusaciones de la ministra son probatorias.
Para Juan José García, analista de Contribuyentes por Respeto, la respuesta se dará en menos de 90 días. “El tema es controversial y es muy importante, querrán solucionarlo de inmediato”, precisó.
PROCESO ADMINISTRATIVO
Se considera una práctica anticompetitiva cuando las empresas se ponen de acuerdo para presentar precios similares, para repartirse el proceso licitatorio con el Estado o para repartirse parte de esta licitación. Si bien esto sugiere una sanción administrativa, e incluso penal, también afecta al mercado y, sobre todo, al consumidor final.
El desarrollo de la evaluación y determinación de la multa es un procedimiento que Bullard considera largo. Según su experiencia, este podría durar hasta siete años. “Antes de las apelaciones, dos y tres años es un periodo razonable”, dice.
Sin embargo, luego de que el Indecopi presente el veredicto, las empresas cuestionadas tienen la posibilidad de apelar la decisión en el Poder Judicial, lo que alargaría aún más el plazo. “Salir del proceso administrativo y llevarlo a uno penal aumenta entre tres y cuatro años la decisión final”.
El proceso de Indecopi para evaluar los casos de colusión consiste en el cálculo de elasticidades de precios en otras regiones. “Otra forma es revisar correos electrónicos, como ya ha pasado en otros casos, como el de las farmacéuticas”, explicó García. La estimación responde a un levantamiento de big data, donde revisan toda la comunicación que han tenido estas empresas involucradas.
EL MERCADO EN APRIETOS
Ante este problema, la Sociedad Nacional de Industrias envió un comunicado deplorando las prácticas colusorias por parte de cualquier tipo de empresa (nacional o extranjera), en especial las que provisionan al Estado de medicamentos.
“Nuestro gremio reitera su compromiso con la ética y la transparencia que debe existir en todas las contrataciones con el Estado, así como en las relaciones entre privados”, precisó el comunicado.
En tanto, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) propuso implementar un código de ética para este tipo de compras públicas.
Las empresas privadas coinciden en que coludir está mal; sin embargo, las consecuencias se las llevan los consumidores y el resto de competidores.
Para García, el caso del mercado de medicamentos es peor, debido a que este es regulado. “En el tiempo esto va a permitir que se vuelva a poner en agenda el tema de la regulación de precios de medicamentos, que no está mal. Típicamente la regulación responde a que las empresas no pueden vender a un precio por encima del precio promedio de venta a otros países de la región, pero si el Estado fija precios muy bajos, no traerían medicamentos al país”, indicó.
SABÍA QUE
- El Ministerio de Salud no fue la única institución que denunció malas prácticas. Fiorella Molinelli, presidenta de Essalud, denunció la concertación en más de 30 medicamentos y productos médicos por parte de sus proveedores.
- La ministra Pessah explicó que tomaron conocimiento de la concertación cuando en el contrato vigente, la compra de las medicinas se suministraba un medicamento a S/15; sin embargo, en el proceso de selección de licitaciones para este año se tuvo una oferta de S/30.
- Cuando consultaron el medicamento en boticas, los funcionarios se dieron con la sorpresa de que el mismo producto se comercializaba a S/0.30.
- En 2010, Indecopi sancionó con S/22’630,000 a tres empresas productoras de oxígeno medicinal que acordaron repartirse el mercado de venta para participar en la licitación. Además, en 2016 sancionó a 34 centros de hemodiálisis en Lima y Callao por colusión de precios con una multa de S/6’600,669.