La presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, mostró su desacuerdo con la propuesta de reforma del sistema de pensiones, presentada ayer por la Comisión de Protección Social (CPS) a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En el documento se plantea un único sistema de pensiones –de afiliación automática a partir de los 18 años– que integraría el sistema nacional (SNP) y el sistema privado (SPP), junto con el programa de asistencia social Pensión 65. Y se crearía una unidad centralizadora que recaudaría y administraría los fondos. No obstante, la propuesta no señala si este ente sería público o privado.
“El esquema que propone esta comisión de centralizar la recaudación es un esquema de alto riesgo, porque no sabemos si este será de carácter público o privado, y eso, en un gobierno con fuerte apetito de gasto fiscal, puede traducirse en la nacionalización de los fondos de pensiones”, alertó la presidenta del gremio.
A ello agregó que la propuesta crearía un monopolio estatal donde se reduciría la competencia y donde no se controlarían las rentabilidades de los fondos de los afiliados. Asimismo, no se garantizaría la intangibilidad de los mismos.
“Estamos hablando de una gran caja negra en la cual entra todo el dinero y una junta de notables que toma todas las decisiones. ¿Qué pasa si ese comité tiene intereses políticos?”, cuestionó.
El informe plantea, además, que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ejerzan la función de gestores de carteras de inversión.
Al respecto, Augusto de la Torre, economista e integrante de la CPS, señaló que estos gestores serían seleccionados por la centralizadora a través de un proceso de licitación abierto, compitiendo y buscando rentabilizar los fondos y pudiendo participar también gestores de otros países.
De acuerdo con el informe presentado por la CPS, la reforma de pensiones estaría conformada por tres pilares. Dos de estos son:
El primero, la antipobreza. El modelo propone una pensión básica universal a través de un subsidio público para los afiliados de menores ingresos. Este, además, decrecería conforme el nivel de ahorro previsional acumulado del afiliado se incremente y sería financiado a través de la recaudación financiera del país, según lo explicado por De la Torre.
El segundo el ahorro, donde se eliminarían algunos costos y reducirían las comisiones con horizontes de largo plazo y consistentes con la edad del afiliado.
Con esto se tendría un conjunto de incentivos estatales que fomentarían la cultura del ahorro a través de (i) un subsidio a las contribuciones de los peruanos jóvenes de menores ingresos, (ii) un segundo sistema de contribuciones complementarias por parte del Estado, y (iii) la facilitación de los aportes de ahorro previsional a las cuentas de capitalización individual mediante facturas de gasto, es decir, realizar aportes adicionales mediante el pago de los servicios de telefonía y otros.
En el caso de la ley que permite el retiro de hasta el 95.5% del fondo de pensiones de una AFP, la comisión cuestiona la norma y propone eliminar o desincentivar el retiro de este porcentaje al momento de la jubilación (o antes).
Es así que se plantea que quienes retiren parte de sus fondos perderían el subsidio del Estado y serían gravados con un impuesto a las ganancias de capital.
- A la fecha existen alrededor de seis millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones, cuyos fondos representan cerca del 42% del PBI, según datos de la Asociación de AFP.
- Los ahorros de los trabajadores del país, afiliados a ambos sistemas –público y privado–, suman alrededor de US$40,000 millones, monto que sería licitado bajo modelo propuesto por la CPS.
- El documento completo de la propuesta lo puede encontrar en la página web www.proteccionsocial.com.pe.