La informalidad e ilegalidad en el mercado de gas licuado de petróleo puede superar el 40%, lo que genera un grave riesgo para los ocho millones de hogares que lo consumen y pérdidas para el Estado por evasión fiscal y para las empresas envasadoras y distribuidoras por competencia desleal, advirtió hoy la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL).
Durante su exposición en una nueva edición del Encuentro Nacional de GLP, el presidente de la SPGL, Fernando Cabada, explicó que la falta de fiscalización por parte del Estado ha propiciado la informalidad en la cadena comercial de dicho combustible y esta realidad evita que el precio del balón de gas pueda bajar.
Por su parte, el titular de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, sostuvo que la informalidad e ilegalidad del sector puede superar el 40%, afectando a los consumidores que no reciben el peso exacto o un producto seguro y a las empresas y distribuidores formales por competencia desleal.
En ese mismo sentido, Cabada también denunció que las empresas informales están utilizando el 30% de los balones de gas de 10 kilos pertenecientes a otras compañías, los que superan las 3.3 millones de unidades, sin haber invertido nada en su adquisición ni asumir la responsabilidad por su comercialización o estado de conservación.
Con respecto al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), señaló que este ha generado un efecto positivo evitando la volatilidad de los precios, sin lo cual el balón de gas hubiera podido costar hasta S/7 más, perjudicando a las familias peruanas. Sin embargo, la diferencia de precios existente entre el gas licuado envasado y a granel, alienta el contrabando interno generando un grave perjuicio al fisco, como consecuencia de la falta de una adecuada fiscalización en el FEPC.
De otro lado, explicó que gracias al FEPC el precio del balón de gas licuado no llegó a comercializarse por encima de los S/50, cuando se dispara el precio internacional de dicho combustible.
Propuestas de solución
Por su parte, el presidente de la SPH aseguró que la industria del gas licuado atraviesa una grave crisis económica producto de la creciente informalidad e ilegalidad, lo que también afecta a los ocho millones de hogares que consumen GLP para cocinar o calentar el agua.
En tal sentido, se planteó la incorporación del gas a granel en el FEPC para eliminar el contrabando interno, y aprobar las reformas que permitan eliminar prácticas ilegales o informales y extender el sistema de percepciones (retención tributaria) en toda la cadena de comercialización, especialmente en las plantas envasadoras que además deberían operar con facturación electrónica.
Del mismo modo, se propuso incrementar la fiscalización de la Sunat para reducir la evasión tributaria (especialmente del IGV y del Impuesto a la Renta), y de la Sunafil para eliminar la informalidad laboral en la cadena.
De otro lado, se informó que en el 2018 el consumo de GLP creció en 5.7% en relación del año anterior, por encima del crecimiento de la población y la economía. Ese aumento es una clara demostración de la preferencia del consumidor peruano por dicho combustible, uno que es seguro, no contamina y llega a todas partes del Perú con una sofisticada red de distribución.
El Encuentro Nacional de GLP congregó a las más importantes empresas envasadoras y comercializadoras del país.
