Diversos gremios empresariales del país invitaron al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial y a otros actores a reflexionar sobre la necesidad de revisar y mejorar la Ley de Extinción de Dominio, con un enfoque integral, receptivo y bien diseñado para garantizar que esta norma sea una herramienta eficaz en la lucha contra el crimen, sin generar incertidumbre y perjuicios para quienes actúan legítimamente y contribuyen al desarrollo del país.
En un comunicado público, suscrito por 19 gremios, entre ellos Confiep, Adex, SNI, Agap, Conveagro, Sociedad Nacional de Pesquería y Mipymes, señalan que la norma actual permite incautar bienes incluso cuando la persona es absuelta en el proceso penal que motivó la extinción de dominio, «lo que es injusto».
Además, indican, «se aplica retroactivamente sin límite temporal y exige a los compradores a demostrar que cumplieron con un estándar de buena fe cualificada vigente desde 2019, incluso para adquisiciones de años atrás. El procedimiento tampoco garantiza una defensa justa y efectiva».
«En el Perú, donde más del 70% de la economía enfrenta barreras para formalizarse, la aplicación indiscriminada de la ley y la falta de criterios claros para diferenciar bienes de origen criminal de aquellos adquiridos en contextos de difícil formalización, ponen en riesgo derechos constitucionales y la estabilidad económica», indican.
«Los gremios firmantes reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, con especial énfasis en la erradicación de aquellos crímenes que debilitan nuestras instituciones, socavan la confianza ciudadana e impactan negativamente en la economía y la inversión privada en nuestro país», subrayaron.

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