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El pasado miércoles, un informe de la Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa Odebrecht, de capital brasileño, pagó alrededor de 29 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno peruano con el objetivo de asegurar licitaciones públicas.

Según el informe, estos pagos ilícitos se dieron en el periodo del 2005-2014 y comprendería los gobierno de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Cabe señalar que el documento pone como ejemplo algunos casos donde la empresa brasileña realizó pagos ilícitos

  1. El primero se sitúa en el 2005 y consiste en una licitación para un proyecto de infraestructura promovido por el Gobierno peruano. Odebrecht ganó la licitación y luego realizó pagos por un total de US$20 millones a compañías específicas que el intermediario indicaba.
  1. El segundo caso fue un concurso público por un contrato estatal de transporte, Odebrecht accedió a pagar US$1,4 millones a un funcionario del Gobierno peruano para ganar un contrato valorizado aproximadamente en US$400 millones.

Todo apunta que el segundo caso se trataría de la Línea 1 del Metro de Lima. En este proyecto de inversión, Odebrecht estuvo asociado con Graña y Montero. Perú21 se contactó con la empresa y un vocero nos ofreció esta versión:

Respecto a los actos ilícitos de Odebrecht ¿Cuál es la postura de Graña y Montero considerando que fueron socios en la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima?

-Nunca tuvimos conocimiento y por supuesto rechazamos cualquier acto de corrupción que se pudiera haber dado en alguno de los proyectos en los que hemos participado. Graña y Montero no autoriza, efectúa ni ha sido testigo de pagos irregulares de ningún tipo, en ningún proyecto. Dicha conducta ilícita contraviene los principios que han guiado nuestro accionar durante los 83 años de trayectoria.

Y agregan:

-Respecto a nuestra participación en la construcción de la infraestructura del Metro de Lima, aunque de acuerdo a las investigaciones el pago se realizó antes de que se constituyera el consorcio del cual formamos parte, es importante señalar que Graña y Montero tenía una participación minoritaria de 33% y Odebrecht actuaba como la empresa líder del consorcio. Los pagos efectuados por el consorcio no requerían de la autorización de Graña y Montero y no se tenía injerencia en las decisiones de negocio. Las principales gerencias no fueron ocupadas por ejecutivos de GyM (como la gerencia general, financiera o de logística).

La empresa se defiende:

-Graña y Montero funcionaba principalmente como el socio local capaz de manejar las relaciones comunitarias, gestionar los conflictos sociales y las relaciones con los sindicatos. Los cargos ocupados por personal de Graña y Montero en el consorcio fueron los de: jefe encargado del manejo de interferencias, ingeniero de planeamiento, jefe de producción del frente de estaciones, gestión de relaciones laborales y relaciones con sindicatos e ingeniero de campo.Las normas y políticas anticorrupción de Graña y Montero son bastante estrictas, rigurosas y claras respecto a este tipo de actos ilícitos.

¿El acto de corrupción en el cual se ve envuelto su socio afectará su imagen con sus inversionistas?

-Nuestros inversionistas siempre han tenido una comunicación muy fluida con nosotros y conocen muy bien nuestra manera de actuar y sólidos principios, por lo que creemos que este hecho no afectará nuestra imagen frente a ellos.

¿Planea iniciar acciones legales contra Odebrecht ya que indirectamente se le está envolviendo en un acto ilícito?

-En estos momentos estamos analizando detenidamente la información y estamos evaluando los siguientes pasos.

Respecto al Gasoducto Sur Peruano, la empresa brasileña está por firmar el traspaso de sus acciones al fondo de inversiones Brookfield. Graña y Montero también es socio de dicho proyecto ¿Cree que el fondo seguirá a pesar de los escándalos de corrupción?

-No creemos que este hecho afecte la venta de las acciones de Odebrecht en el GSP.