El Estado peruano reclama más de US$700 millones (más de 614 millones de euros) a la Sociedad Concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima, debido a los retrasos en la puesta en operación del proyecto.
El citado consorcio está conformado por las constructoras españolas ACS y FCC, junto con las italianas Impregilo y Ansaldo, y la peruana Cosapi.
Las autoridades peruanas han presentado una contrademanda ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, en respuesta a la reclamación previa del consorcio contra Perú, según explica ACS en una información sobre resultados de 2018 remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursátil español.
El primer paso lo dio la sociedad concesionaria en enero de 2017, fecha en la que planteó una solicitud de arbitraje ante el Ciadi contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por un "incumplimiento grave" del contrato de concesión.
Según la sociedad, el área de concesión no se había presentado en los plazos y condiciones establecidos en el contrato, y los estudios de ingeniería también se habían recibido con retraso.
Posteriormente, en 2018, la concesionaria presentó una demanda en la que solicitaba la ampliación del plazo de ejecución del proyecto y reclamaba una indemnización por daños y perjuicios superior a los US$700 millones (más de 614 millones de euros).
En respuesta a esta demanda, el Estado peruano formuló una contrademanda (o demanda reconvencional) contra la Sociedad Concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima para reclamar US$700 millones por los daños socioeconómicos y ambientales causados por la demora del proyecto.
ACS señala en la documentación remitida a la CNMV que el laudo arbitral podría emitirse en diciembre de este año.
La referida sociedad se adjudicó en 2014 la Línea 2 del Metro de Lima por 3,900 millones de euros, el mayor proyecto de infraestructuras del Perú y uno de los más relevantes del mundo.
Fuente: EFE
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