Los salvatajes a Petroperú sean nuevas inyecciones de liquidez, garantías o reprogramaciones de deudas no resuelven el problema estructural detrás de la crisis de sostenibilidad que enfrenta la compañía, dio cuenta un informe de Apoyo Consultoría.
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Por ello, la consultora planteó cinco medidas con la finalidad de brindar una solución a la situación que enfrenta la petrolera.Apoyo Consultoría propuso que las nuevas facilidades financieras, tanto garantías como reprogramación de deudas que el Gobierno brinde a la petrolera estatal, estén condicionadas a la adopción inmediata de medidas que representen un cambio significativo en su administración.
Indicó que si se otorga la nueva solicitud financiera de Petroperú (S/7,300 millones) y no se efectúa el reembolso, se despilfarraría un monto equivalente de alrededor de un quinto del presupuesto promedio asignado al sector Educación en los últimos 5 años.
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“Desde Apoyo Consultoría consideramos que la situación de Petroperú es crítica y que seguirá pidiendo rescates financieros en el futuro próximo, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas”, manifestó.
Otra medida planteada por la consultora es que la estatal regrese temporalmente al ámbito de regulación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) para que el Estado pueda tener un mayor control de los gastos de Petroperú, así como de los objetivos y la selección de gerentes de la empresa.
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“Este ente regulador (Fonafe) debería encargarse de designar un directorio independiente y meritocrático. Esto reduciría significativamente el nivel de rotación de directores y blindaría de la interferencia política”, precisó.
También, planteó que la petrolera estatal transparente el plan de reestructuración realizado por la consultora Arthur D. Little. Argumentó que la falta de transparencia acerca de los contenidos de dicho plan no hace posible hacer una evaluación concreta del avance a la fecha.
También, Apoyo Consultoría propuso incorporar capital privado a Petroperú y evaluar su transferencia completa a este sector.
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Indicó que la actual restricción legal, que limita la participación privada al 49%, desincentiva el ingreso de nuevos inversionistas. Por ello, planteó que el Congreso y el nuevo directorio de la estatal evalúen cambios normativos que permitan una participación mayoritaria privada o ponderar su completa privatización, con el objetivo de evitar comprometer los recursos de todos los peruanos permanentemente.
Por último, propuso que el Estado deje de otorgar la operación de nuevos lotes a Petroperú, sobre todo la del lote X, que vence en mayo de este año.
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