A escasas siete semanas para terminar 2021, y a pesar de los avances, muchos gobiernos regionales y locales no cumplirán con ejecutar el total de los presupuestos que le fueron asignados a inicios de año.
Por segundo año, la pandemia vuelve a desnudar las falencias en dos sectores prioritarios: educación y salud, en donde la ejecución de los gobiernos locales es el más bajo.
De acuerdo con el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, al 19 de noviembre se registra menor ejecución en salud, en Tacna (26%), Ayacucho (26.9%), Huánuco (29.6%), Piura (32.6%) y Madre de Dios (33.7%).
En educación encabezan la lista Madre de Dios (23.9%), Apurímac (36.4%), Ica (41.3%), Cajamarca (42.1%) y Lima (42.5%) .
En cuanto a las regiones, las de menor avance en salud son Puno (56%), Pasco (60.1%), Ayacucho (65%), Cajamarca (65.7%) y Arequipa (66.8%).
En educación están Apurímac (73.8%), Lambayeque (74.1%), Amazonas (74.8%), La Libertad (75.2%) y Áncash (75.3%).
Frente a lo que revelan las cifras y ante la necesidad de mejorar las capacidades de ejecución de gobiernos locales y regionales, para que se traduzcan en mejores servicios, Eduardo Escobal, consultor en Asociaciones Público-Privadas (APP) e infraestructura, sostiene que debido a que “en el corto plazo no ve probable lograr transferir capacidades de ejecución”, recomienda implementar los fideicomisos de infraestructura.
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Explica que bajo esta figura un gobierno subnacional puede entregar en fideicomiso proyectos y recursos a un fiduiciario para que contrate un Project Manager Office (PMO) que pueda planificar su ejecución, contratando las mejores prácticas internacionales en diseños y ejecución, además de controlar costos y calidad.
Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de ProInversión, advierte que las estadísticas de la inversión pública siempre guardan relación con las elecciones, registrándose una caída de esta variable.
“El 2022 es un año electoral y los gobiernos regionales y locales avanzarán con lo que están seguros de construir y ejecutar en su gestión. Eso impacta en el ritmo de la obra pública en general”, asegura.
Para contrarrestar la baja capacidad de ejecución, Eduardo Escobal refiere que 2022 representa una oportunidad para que el Congreso y el Ejecutivo “reformulen los fallidos marcos regulatorios de la contratación de la obra pública y de las APP, pensando en un mediano plazo promisorio”.