Entidades como Essalud tienen más de 100 sindicatos que presionan por beneficios pero no necesariamente generan valor. (Foto: El Comercio)
Entidades como Essalud tienen más de 100 sindicatos que presionan por beneficios pero no necesariamente generan valor. (Foto: El Comercio)

Se acabaron las elecciones y ahora solo toca tener paciencia para esperar los resultados oficiales al 100% (resueltas las actas impugnadas) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sin embargo, analizando una potencial victoria de Pedro Castillo, el gran problema de sus propuestas no radicaba solamente en que no son económicamente viables, sino también en su polémica visión sobre el Estado. “El Estado debe controlar a la población y a los mercados”, dijo el profesor en el último debate con Keiko Fujimori. Esta peligrosa frase nos lleva a preguntarnos: ¿el nuevo gobierno liderado por Pedro Castillo respetará la autonomía y la meritocracia de las instituciones o las capturará metiendo a sus propios correligionarios?

Una de las propuestas de Castillo fue incluir en la alta dirección de los ministerios a miembros de sindicatos y gremios que lo apoyaron en campaña, para que hagan valer sus derechos como pueblo. Con esta promesa, el copamiento del Estado con fuerzas leales a Perú Libre podría desatarse y repetir lo ocurrido en el , en el que el Estado fue capturado para convertirse en una agencia de empleos.

En la década de 2010 se inició una reforma que apostaba por la meritocracia. Se llamó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP). ¿Su objetivo? Según José Ignacio Beteta, presidente de la , “aunque el país había logrado una de las más altas tasas de crecimiento económico en la región, no contaba con un cuerpo de funcionarios capaces de gastar bien el dinero de los contribuyentes”.

Tanto la recaudación como el tuvieron una tendencia creciente desde los primeros años de la década del 2000. Sin embargo, varias entidades públicas seguían teniendo limitada capacidad de gestión, por lo que proveer con eficacia servicios públicos era limitado.

Esta política no avanzó como debía. Servir, la autoridad que tenía que regular y tener las competencias en cuanto a contratación de funcionarios de primer nivel, no tuvo el apoyo político necesario y muchas entidades públicas no entraron bajo sus políticas. Así, hoy, el Estado tiene más de 17 regímenes laborales, personal con contratos sumamente rígidos, asesores que sirven prácticamente para reemplazar al funcionario de línea que debería cumplir él mismo su propio rol, cientos de sindicatos que no generan valor y en todo este desorden se prepara el caldo de cultivo perfecto para “copar” la burocracia con sus propios y leales seguidores, no importa si están capacitados o no, darles roles inservibles y pagarles un sueldo para tenerlos preparados con el fin de enfrentar cualquier oposición.

Dato:

55% de funcionarios del Estado gozan de estabilidad laboral.

Gane quien gane: no más burocracia

En los últimos años hemos podido apreciar que la inversión pública ha representado cada vez un menor porcentaje del gasto total del Gobierno. Mientras en el periodo 2007-2014 el promedio de inversión alcanzó el 25% de todo el gasto público, este promedio cayó a 20% en el periodo 2015-2021. En contraste, vemos cómo las remuneraciones han subido, así como los bienes y servicios, que son contrataciones y compras a proveedores externos al Estado. ¿Cuál es el problema con ello?

El problema es que la inversión pública es la que llega a la gente y hace que el pueblo perciba que tiene mejores servicios, veredas, más seguridad, etc. Pero lo que hemos visto es un incremento consistente en todos los niveles de gobierno respecto al porcentaje destinado a remuneraciones, a costa de menor inversión pública.

Gane quien gane: fiscalizar el gasto público

Según la Asociación de Contribuyentes del Perú, el presupuesto de inversión en salud, tan importante para la pandemia, depende en un 71% de los gobiernos regionales, y solo en un 21% del gobierno nacional. Del mismo modo, entre municipalidades y gobiernos regionales se define el 62% de toda ladel país.

Según Inés Marrache, investigadora principal de la Asociación de Contribuyentes, “necesitamos ordenar las cuentas y hacer énfasis en la fiscalización de los gobiernos regionales, que son los principales responsables de la inversión en salud”.

Lejos de lo que es difundido frecuentemente por el señor Pedro Castillo y sus partidarios, la principal responsabilidad frente a la mala gestión de la pandemia no cae en el modelo económico, sino en la falta de capacidades, especialistas e infraestructura sanitaria de los gobiernos regionales. Lima, así quisiera, solo controla el 21% de la construcción de hospitales y de equipos médicos (como las camas UCI); en su mayoría depende de las regiones.